El documento se emitió tras finalizar la primera jornada de análisis de la problemática del río Pilcomayo y las afectaciones repercutidas en las poblaciones indígenas que habitan en la rivera, en el cual participan alrededor de 60 delegados de los tres países.
En el documento denuncian además la continuidad de obras de infraestructura en la cuenca baja del Pilcomayo (Argentina y Paraguay) como el levantado del terraplén de la ruta 28 en Formosa (Argentina) que dificultan la migración de cardúmenes de sábalos aguas arriba del bañado. “Estas obras se hacen sin informar ni consultar con las poblaciones locales que son afectadas en Bolivia, vulnerando el derecho a la consulta oportuna y de buena fe reconocido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
En este sentido es que exigen que haya una participación equitativa de representantes indígenas en las reuniones de comité de delegados de la Comisión Trinacional del Pilcomayo, garantizando un proceso debido de información y consulta desde el mismo seno, de las decisiones políticas acerca de la cuenca.
Los delegados anticiparon no estar en contra de las obras, pero quieren que “se hagan bien, pensadas” y con participación, al asegurar que los estudios y las obras se hacen sin tomar en cuenta el derecho a la información y consulta previa a su diseño, a los pueblos indígenas.
Además, se exige que los gobiernos garanticen la ejecución de obras necesarias que permitan el flujo libre de las aguas y peces, ante cualquier rechazo de propietarios de tierras y piden que se establezcan los mecanismos ejecutivos y financieros para la participación efectiva de los pobladores indígenas y criollos en la ejecución de las obras mencionados, así como en el monitoreo de las mismas.
Este documento será presentado ante las autoridades departamentales y nacionales este miércoles con quienes esperan lograr convenios que concreticen estas demandas.
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