“Hoy podés comprar plaguicidas en una ferretería, en lugares donde venden alimentos para mascotas, incluso en los supermercados. Tenemos una venta muy flexibilizada y la gente hace uso de ellos sin conciencia de los efectos”, dice a La Nueva Mañana Javier Souza Casadinho,
ingeniero agrónomo, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
presidente de Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal) que
nuclea a instituciones, asociaciones y universidades de 11 países de la
región que investigan, capacitan y denuncian los efectos nocivos de
estos productos en la salud socioambiental.
“Está tan naturalizado el acceso y uso de los plaguicidas que
también en forma cotidiana se utilizan en las plazas, sobre los
animales y hasta en el pelo de los niños con los piojicidas”,
agrega Souza Casadinho que publicó recientemente una investigación sobre
el uso en Argentina de plaguicidas altamente peligrosos. El informe indica que 107 productos que se usan acá están prohibidos o no autorizados en otros países.
Y de ese total, 36 -es decir el 33%- son plaguicidas altamente
peligrosos (PAP) según los criterios establecidos por la OMS y la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
(FAO).
Entre los plaguicidas fuertemente dañinos, que fueron vedados en
otras regiones del mundo por su peligrosidad y posibilidad de generar
deterioros crónicos en la salud de las personas, se destacan los
herbicidas “Atrazina”, usado para controlar el crecimiento de malas
hierbas en la agricultura y el “Paraquat”, aplicado tanto en el cultivo
del tabaco como en el de hortalizas. El litro de estos productos se consigue en Mercado Libre a un valor de entre $600 y $700.
El medio litro de glifosato marca Roundup se ofrece en Internet a $850
y el envío del “potente preparado que elimina todo” corre a cuenta del
comprador. Esta marca de herbicida, perteneciente a Monsanto-Bayer, es
la misma por la que un jurado de la corte estatal de Oakland, en
California, Estados Unidos, dictaminó esta semana que el gigante químico
debía indemnizar a una pareja con el pago de 2.045 millones de dólares
por causarle linfoma no hodgkiniano tras la exposición reiterada ante el
producto. El jurado determinó que la compañía había actuado de
forma negligente al no advertir sobre los riesgos asociados a este
herbicida.
Políticas estatales que se resisten
Hace 33 años que Souza Casadinho trabaja con productores
rurales y cuenta que para muchos de ellos está muy instalada la idea de
que “pueden manejar” a los agrotóxicos. “Hay una especie de resistencia.
Sobre todo en las producciones más extensivas, muchas veces el
productor no vive en el predio y entonces ni siquiera toma dimensión de
lo que está pasando y naturaliza el uso de plaguicidas”, señala el
ingeniero agrónomo.
En muchos casos las personas expuestas a estos químicos “no toman conciencia porque usan los productos hace mucho tiempo”,
otros argumentan que no tienen más opción porque es el único trabajo al
que pueden acceder o “toman como fatalismo” cuando alguien les dice que
el contacto continuo afecta la salud. “Existe un desconocimiento social sobre las características de los plaguicidas y sus grados de toxicidad.
El trabajo pasa por sensibilizar y que el Estado tome decisiones a
favor de la salud de las personas”, indica el presidente de Rapal.
“Se naturaliza lo que no es natural”
“Después está la naturalización de algo que no es natural.
En Misiones, por ejemplo, se naturaliza que una familia, a su vez,
naturalice que de tantos hijos uno va a tener una discapacidad. Se
naturaliza que las mujeres, en zonas expuestas a fumigaciones, tengan
abortos espontáneos, se naturaliza también que una persona se muera
joven”, precisa el docente de la UBA y agrega: “Se naturaliza lo que no es natural y eso es lo que indigna”.
Hay varios motivos por los cuales se llegó a este punto; por un lado, la dependencia de los plaguicidas se fue incrementando en los últimos años con la expansión de los monocultivos y en este contexto del sistema establecido, Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo respecto a la utilización de semillas transgénicas. Por otro lado, tiene que ver con situaciones en las cuales se va creando dependencia de los químicos “que permearon tanto en la soja, el tabaco y también en los árboles frutales y las hortalizas”,
dice Souza Casadinho. Se conjugan así algunos elementos, como la falta
de regulación sobre plaguicidas que en otros lados están prohibidos y
acá los seguimos usando y también, algo no menor, la inacción de
implementar políticas de Estado que antepongan la salud de las personas
sobre el lucro.
- ¿Hay alguna manera de revertir esta situación?
- Primeramente, la distancia prudencial, poner barreras entre
plaguicidas y la gente, que no es la panacea pero ya marca algo, ese es
un primer paso. Luego es importante determinar de qué manera se
prohíben los plaguicidas altamente peligrosos y cómo se puede ir girando
a producciones que sean sustentables. Los que trabajamos en
esto decimos que se pueden poner barreras, se puede restringir el uso
pero el tema es cómo cambiamos el modelo, ese es el gran desafío.
- ¿Es rentable la experiencia agroecológica?
- Sí, de hecho en Córdoba hay muchas experiencias de productores
familiares, empresariales que están demostrando que es rentable, porque
se baja los costos de producción y en consecuencia los ingresos son
mejores. También porque los productores van hilvanando todo el
ciclo, desde la autoproducción de semillas, la producción, la
industrialización y comercialización, entonces vemos
experiencias de media hectárea a 400 hectáreas con altísima
rentabilidad. Como dicen muchos productores, mejoran sus condiciones de
vida sin la utilización de agrotóxicos y esto lleva a querer producir de
otra manera, a tener más tiempo libre, hay muchas cosas interesantes en
este proceso. También la gente se pone contenta porque no contamina el
ambiente, se relaciona de manera diferente con los bienes naturales. Es importante prestar atención a lo que uno come porque los efectos del plaguicida son progresivos.
El veto de Cosquín
En Argentina se utilizan alrededor de 200 mil litros de glifosato por año para fumigaciones. En este contexto, Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas, especializado en química orgánica e investigador del Conicet en la Universidad de La Plata, halló en sus investigaciones que la atmósfera está contaminada y el agrotóxico además puede encontrarse en el agua de lluvia, también está presente en los productos elaborados a través de los cultivos resistentes al glifosato, como el algodón. En una zona fumigada, si uno levanta la cara hacia el cielo un día de precitaciones, recibirá agua y glifosato.
A sabiendas de los efectos del agrotóxico, a fines de septiembre de 2018, en Cosquín, el concejal Raúl Cardinali
presentó un proyecto para prohibir la aplicación del herbicida, tanto
en el ejido municipal como las reservas principales de la zona. Tras
varios meses, el 17 de abril pasado, el Concejo Deliberante aprobó por
diferencia de un voto, la ordenanza 3.735 en contra del agrotóxico. Tres semanas después el intendente Gabriel Musso vetó la medida.
A la salida de Cosquín, está el puente carretero y a unos tres
kilómetros más adelante hay una estancia donde desde hace unos diez años
se cultiva soja y maíz, y cuando se fumiga se hace hasta el alambrado
que está pegado a la ruta. Si uno la atraviesa se da con el límite donde
empiezan cuatro barrios e inclusive, muy cerca, hay una escuela. Las
fumigaciones que alcanzan a esta zona fueron las que originaron el
proyecto. “Pese a que las multinacionales digan que no, está archicomprobado que el glifosato tiene efectos letales,
como el cáncer, enfermedades tiroidéas, malformaciones genéticas,
linfomas y un sin número de enfermedades que se relacionan al uso y el
contacto directo con los agrotóxicos”, indicó a este medio Cardinali,
que además es médico.
Los argumentos del freno
El intendente, cuando veta, se resguarda en la ley 9.164, artículo 9 e
indica que la prohibición del plaguicida resultaría contraria a la
normativa provincial al vedar absolutamente en todo el territorio de la
ciudad de Cosquín el uso y la comercialización de un producto químicos o
biológico de uso agropecuario, “que no ha sido prohibido por la legislación provincial ni por el Senasa”. Este
medio intentó comunicarse con el intendente de Cosquín para ampliar la
argumentación de la medida, y hasta el cierre de esta nota no fue
posible.
“Musso pone como si esto generaría derechos adquiridos y sentara
jurisprudencia para que otros municipios del interior puedan hacer lo
mismo a nivel provincial y que la aprobación de esta ley sería un
peligro para el resto de la provincia”, explica el edil haciendo una
lectura sobre la decisión del mandatario municipal y agrega: “Entiendo
que haya una jerarquía normativa, Nación, Provincia, municipio y que
con el veto se argumente que la ordenanza sería inconstitucional, pero
hay muchas leyes que se contraponen y ponen derechos en pugna". Tal vez de eso se trata, a veces, para poder cambiar cosas.
Las muertes silenciosas de Ituzaingó
En Córdoba existe la ley 1208 aprobada en 2014 que legisla la
política ambiental, y en ella se prevé específicamente en el artículo
tercero, la creación de una fiscalía especializada en delitos fiscales.
Lleva ya cinco años sin materializarse, “eso muestra la falta la falta de voluntad de darle a estos temas un marco de superioridad”, dice el ex fiscal Carlos Matheu
quien siguió muy de cerca el reclamos de las madres de barrio Ituzaingó
Anexo, cuando en el 2001, preocupadas por la notoria cantidad de casos
de cáncer entre los vecinos, sin entender mucho por dónde empezar a
cuestionar, se movilizaron por el derecho a vivir libres de
fumigaciones. Este martes, trascendió que finalmente el juicio
comenzaría, tras casi dos décadas de espera, en febrero de 2020, pero
nadie hasta el momento salió a confirmarlo.
Matheu actualmente está jubilado y en los últimos años como
funcionario público esperó por la concreción de la nueva fiscalía para
poder abocarse de lleno a los casos de daños al medioambiente. Se cansó,
pidió la jubilación y creó una fundación desde donde trabaja en causas
como la contaminación del lago San Roque, o el caso de presencia de
abesto en el colegio Garzón Agulla.
- ¿Qué representa el caso de la lucha de los vecinos de barrio Ituzaingó?
- Este caso es el originario. La denuncia se realizó en el año 2002 presentado por la Fundación para Defensa del Medio Ambiente (Funam),
donde está el biólogo Raúl Montenegro. Él junto a muchos vecinos del
barrio, que varios ya murieron, se pusieron este tema al hombro. En el
2008 trabajando como fiscal de Cámara tuve otra denuncia que la hizo en
ese entonces el subsecretario de la Municipalidad de Córdoba, informando
que el 1 de febrero de 2008 habían fumigado en esa zona. Empecé
a investigar y en un año elevamos la causa a juicio, se llevó adelante
el proceso y logramos la condena. Ahí se condenó a Francisco
Parra, un productor agropecuario y Edgardo Pancillo, que fue el
fumigador aéreo. Ambos fueron condenados a dos años de prisión en
suspenso, con tareas comunitarias en centros con personas con cáncer. El
Tribunal Superior confirmó la condena y sentó jurisprudencia. La apelación llegó a la Corte Suprema y ahí también se avaló la condena, rechazó el recurso y quedó firme el fallo. Ese peregrinaje sentó precedente. Ese juicio fue un apéndice del reclamo que al día de hoy lleva 17 años esperando.
- ¿Cuáles considera que serían las medidas más urgente para frenar las fumigaciones sin control?
- Lo primero es que desde fiscalía provincial debería haber un
impulso a los fiscales de instrucción para que investiguen esto, sobre
todo en el interior porque la mayor cantidad de casos están en esas
localidades. En Marcos Juárez, por ejemplo, la tasa de mortalidad por cáncer es el doble que en Córdoba.
Hay mucha ineficiencia por parte de la Justicia, no es una sensación, es real. El caso Ituzaingó es el ejemplo de la inacción judicial.
Los efectos son nocivos y hay que investigar y regular.
Por ejemplo, el registro de tumores de la provincia de Córdoba es muy
contundente, ahí se ve que en los departamentos del interior se duplica
la muerte por enfermedad de cáncer. Todo lo que es la pampa del sudeste
provincial, allí, la tasa de mortalidad de cáncer es superior. Los
registros muestran que hay 135 casos de cáncer en Córdoba
capital cada 100 mil habitantes y en el interior provincial, en Marcos
Juárez, San Justo, todo el sudeste, hay 269 casos de muertes por cáncer
cada 100 mil habitantes. Y Canals es un caso muy notorio, desde
el 1 de marzo de 2017 al 1 de marzo de 2018, es decir, en un año,
murieron 111 personas en total, de las cuales 75 fueron por cáncer. La Justicia mira con indiferencia mientras los agrotóxicos cosechan estas muertes silenciosas.
Fuente: LA Nueva Mañana.com
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