El Ejecutivo avanzará sobre la disolución del organismo creado por ley en 1985, que se encarga de los planes de adjudicación y explotación de las tierras de las comunidades aborígenes. Sus costos de personal del año pasado fueron de más de $1.248 millones.
La mesa técnica de Javier Milei quiere avanzar con la eliminación del
rango de instituto para que pierda la asignación presupuestaria actual y
se pueda avanzar en la reducción de la composición de personal mediante una
auditoría.
Desde el Gobierno sostienen que su función seguirá cumpliéndose y que
solo será modificada su estructura. Lo mismo aplicaría para el Instituto
Nacional de Juventudes (IJUVE), que depende de Capital Humano y que está
entre las áreas a desarmar por parte del oficialismo.
Federico Sturzenegger, el asesor presidencial Santiago Caputo, el
vicejefe de Gabinete José “Cochi” Rolandi y el secretario de Legal y
Técnica Javier Herrera Bravo están definiendo la lista de todos los
organismos descentralizados que intentarán eliminar.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) gastó $1907,81 millones
en 2023, según el porcentaje de lo ejecutado en el presupuesto abierto del
Gobierno. La asignación incial fue de $1324,47 millones, luego se elevó a
$2357,35 millones y se terminó gastando el 80,93% de este monto.
El mayor gasto del INAI se fijó en el personal con $1.248,25 millones,
mientras que en transferencias se utilizaron $445.460.000. Para los servicios
no personales, se destinaron $96.170.000 y para los bienes de uso, $14.960.000.
Para los bienes de consumo, se gastaron $2.970.000.
De las transferencias se destinaron $296.620.000 para instituciones
provinciales y municipales para financiar gastos corrientes y se derivaron
$50.420.000 para transferencias a instituciones culturales y sociales sin fines
de lucro. Para las becas, se utilizaron $56.030.000 y para la universidad
nacional de Tres de Febrero se gastaron $42.380.000.
El instituto cuenta con las direcciones de Tierras y Registro Nacional de
Comunidades Indígenas, que incluye el programa Nacional Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas y su registro, y de Desarrollo de
Comunidades Indígenas. Además, tiene en su esquema a la áreas de Afirmación de
los Derechos Indígenas, Asuntos Jurídicos y Técnica Administrativa DTA.
Con la extensión presupuestaria de 2024, el INAI tiene asignados $2357,35
millones, de los cuales ya gastó $205.260.000 en el personal y $3.520.000
en servicios no personales.
El proceso de eliminación del INAI y las trabas legales
El INAI fue creado por la Ley de Asuntos Indígenas (23.302) en 1985. Se
declaró de interés nacional la atención y el apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas del país y se reconoció su personalidad jurídica.
En el artículo 5, se impulsó la creación del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que dependía
en forma directa del Ministerio del Interior y luego pasó a la órbita de
Justicia.
El Ejecutivo debe designar a su titular, que cuenta con un consejo de
Coordinación y un consejo Asesor. El primero debe estar conformado por un
representante de los ministerios de Interior, Economía, Capital Humano,
Justicia y un referente elegido por las comunidades aborígenes, junto a un
integrante de cada una de las provincias que adhieran a la ley.
El Consejo Asesor debe estar compuesto por un representante del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), del Ministerio de
Economía, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de la secretaría
de Culto y de la Comisión Nacional de Fronteras.
Sus función es “llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y
disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su
caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su
acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para
facilitar los trámites”.
Además, debe elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de
las tierras, de educación y de salud, a la par de proponer el presupuesto para
la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento,
promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país. También, gestiona
planes para la construcción de viviendas rurales y urbanas.
El abogado constitucionalista y director del Observatorio de la Calidad
Institucional (OCI) de la Universidad Austral, Marcelo Bermolen, le dijo a
todo noticia que el organismo no puede desaparecer a menos que se sancione
por ley o se impulse en un decreto de Necesidad y Urgencia.
“Lo que puede hacer es mantener el instituto en su mínima expresión, es
decir reducirlo todo lo que permita la ley, no asignar representantes y dejar
vacantes los cargos. Sería vaciarlo de fundamento y cargos, de forma que se
disuelva el organigrama”, manifestó.
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