La denuncia penal fue presentada ayer en la Fiscalía de Turno de la Justicia Federal de Córdoba. La denuncia es por haber derogado la Ley de Tierras 26737 en abierta violación al Tratado de Escazú y al Convenio 169 sobre Derechos Indígenas. La denuncia incluye también a todos los ministros que firmaron el DNU 70/2023, quienes "habrían incurrido en incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita".
En el texto
presentado a la Justicia se sostiene además que: "Al derogar la Ley de
Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones
extranjeras, el presidente Javier Milei puso una ilimitada bandera de remate
para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y
yacimientos de minerales valiosos".
La
presentación judicial, de 76 páginas, fue hecha el pasado 5 de marzo por el Dr.
Raúl Montenegro, quien es profesor titular en la Universidad Nacional de
Córdoba y director del Campus Córdoba del Right Livelihood College, institución
con sede en Bonn, Alemania, y que desde 1980 otorga los Premios Nóbel
Alternativos. En 2004 Montenegro recibió este premio en el Parlamento Sueco.
Ahora, con
el patrocinio del ex Juez Federal cordobés, Dr. Miguel Julio Rodriguez
Villafañe, se presentaron todos los argumentos jurídicos que tornan al DNU como
"de nulidad absoluta e insanable".
"La
derogación de la Ley de Tierras implicó regresión en una norma sobre ambiente,
algo prohibido por el Acuerdo de Escazú, y se hizo sin consultar a las
comunidades indígenas como lo establece el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo. Violaría además otras leyes vigentes", agregan
Montenegro y Rodríguez Villafañe en la presenación, en la que además de Milei
se incluye como denunciados penalmente a los ministros Nicolás Posse, Guillermo
Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Patricia Bullrich, Mario
Antonio Russo, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo José Ferraro y Sandra
Pettovello.
En la
denuncia judicial también pide el Dr. Montenegro a la Justicia que
"investigue cómo se elaboró el DNU que deroga la Ley de Tierras, en
particular si participó o no Federico, y/u otros consultores, y si estos
mantuvieron contactos previos con personas y empresas que pudieran beneficiarse
con la derogación de esa ley".
Tras
calificar como "salvaje e insensata" la política de destrucción de
organismos del estado que controlan a las corporaciones y grandes sectores de
interés, en la presentación señaló que las modificaciones propuestas en el
proyecto de Ley Ómnibus sobre las leyes de bosques, glaciares e incendios
"complementan descaradamente la derogación de la Ley de Tierras. Le dan
impunidad a las megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio.
No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo
parlamentario sean destruidas por una persona que muestra crueldad,
intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socio-ambiental que
enfrenta la Argentina".
Fuente: Diario el Orsai
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