Una de cada cinco mujeres de poblaciones rurales y originarias sufrieron intervenciones médicas no consentidas
Un estudio coordinado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir indagó en las desigualdades en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Una de cada cinco mujeres
encuestadas en poblaciones rurales y pueblos originarios del país reportó
haber sido sometida a intervenciones médicas no consentidas, entre ellas
ligaduras tubarias y la colocación del anticonceptivo conocido como implante
subdérmico. El dato alarmante surge de un estudio inédito coordinado por la
organización Católicas por el Derecho a Decidir. Se trata del
primer "Monitoreo sociocultural y lingüístico sobre el acceso a la
interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos en
pueblos indígenas y poblaciones campesinas en Argentina”. Los resultados del
estudio, que se llevó adelante en 12 provincias, fueron presentados este jueves
en la UMET.
El relevamiento fue dirigido y coordinado por la abogada Mónica Menini, de CDD, y se realizó en una veintena de pueblos originarios, de la mano de organizaciones de mujeres indígenas y campesinas. Se llevó adelante en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, Chaco y Mendoza.
Entre los principales hallazgos están la falta de materiales informativos adaptados culturalmente, la ausencia de capacitación de los equipos de salud en atención intercultural y las barreras económicas y geográficas para acceder a servicios de salud.
Informe sobre acceso a la IVE en la Argentina en las poblaciones originarias y campesinas
El monitoreo encontró que el
84 por ciento de las mujeres que solicitaron una interrupción voluntaria de
embarazo no accedió al procedimiento en los plazos legales, que son diez
días, según la Ley 27.610. En realidad, la amplia mayoría --casi 8 de cada diez
encuestadas-- respondió que no conoce los pasos para solicitar una IVE en un
hospital, centro de salud u obra social. Por otra parte, casi la mitad reportó
discriminación en la atención médica. A su vez, el 95 por ciento de las
consultadas informó que quienes formaban parte de los equipos de salud no
hablaban su lengua nativa, lo que limitó el acceso a una atención
culturalmente adecuada.
“Estas cifras destacan la
necesidad de reforzar las políticas interculturales y de género en el sistema
de salud”, señaló a Página 12 Menini.
En la presentación, Pate Palero,
directora ejecutiva de CDD, dio la bienvenida. Luego se exhibió un video, a
modo de resumen, con los testimonios de quienes realizaron el monitoreo en cada
territorio. Menini a continuación le dio la palabra a una docena de lideresas
de los distintos pueblos originarios, que detallaron los principales resultados
del estudio.
Un aspecto que destacaron es que
se trata del primer monitoreo que hacen “con las propias hermanas indígenas en
su propia cosmovisión para hablar de salud sexual y reproductiva”. También
señalaron que el relevamiento las ayudó a empezar a hablar del tema, a
transmitir derechos y a no naturalizar las violencias.
“Me sentí juzgada por el
sistema de salud”
De las 480 personas encuestadas,
40 reportaron haber enfrentado dificultades al solicitar una IVE o ILE, lo que
representa un 8,3 por ciento del total. Al indagar más sobre estas
dificultades, la más común mencionada fue: “Me sentí juzgada por el sistema de
salud”, contó Menini. También señalaron demoras en los turnos para hacerse
exámenes.
“Un dato especialmente revelador
y doloroso fue que, entre quienes respondieron que ‘me obligaron a escuchar
los latidos del feto en la ecografía', algunas añadieron que luego “me
derivaron a una psicóloga para que me convenciera de no hacerlo”. Otra
respuesta frecuente fue la falta de acceso a misoprostol (20%), una de las
drogas recomendadas para el aborto con medicamentos. Quienes reportaron esta
situación también indicaron que no les recomendaron ningún tratamiento
alternativo para hacer el aborto.
Entre otros datos, el monitoreo
arrojó que 7 de cada 10 mujeres que solicitaron una ligadura tubaria no
recibieron el procedimiento y 8 de cada 10 que pidieron una IVE o una ILE, o
tuvo un parto, no la dejaron estar acompañadas durante la práctica médica.
--¿Tienen acceso a métodos
anticonceptivos las mujeres campesinas y de pueblos originarios? --le
preguntó Página 12 a Menini.
--Las respuestas son alentadoras,
ya que la gran mayoría de las entrevistadas afirmó que se le ofrecieron
en los centros de salud u hospitales opciones de anticoncepción. Solo un 15
por ciento respondió que no. Las pastillas anticonceptivas fueron el método más
ofrecido, seguido por los preservativos, los anticonceptivos inyectables y los
implantes subdérmicos.
Prácticas médicas sin
consentimiento
El monitoreo incluyó además de
las 480 encuestas a mujeres indígenas y campesinas, 48 entrevistas a equipos de
salud. Y fue realizado por lideresas de las mismas poblaciones relevadas.
El relevamiento sobre exámenes
ginecológicos muestra que la mayoría de las personas realiza el
Papanicolaou (PAP), una prueba clave para la detección temprana de cáncer
de cuello uterino y otras enfermedades. También se observa un porcentaje
significativo de mamografías, “lo que refleja una buena prevención en función
de la edad de las personas encuestadas”, destacó Menini. No obstante, el
nivel de estudios para detectar VIH/sida es alarmantemente bajo, alertó.
Sin embargo, esta realidad varía
según los territorios. Las monitoras de Santiago del Estero presentaron una
perspectiva distinta. Una monitora campesina de Ojo de Agua, en esta provincia,
señaló: “Mis compañeras que tienen 40, 50 años, nunca se habían hecho un PAP.
Aunque tuvieron hijos, nunca se hicieron ningún control ginecológico, salvo
durante el embarazo. Ni hablar de una mamografía, eso parece algo mucho más
avanzado”.
Una de las preguntas fue:
“¿Recuerda que el personal de salud haya realizado prácticas sin su
consentimiento durante la atención médica?”: El 21,3% de las mujeres dijo haber
sido sometida a intervenciones médicas no consentidas, entre ellas, ligaduras
tubarias y colocación de implantes subdérmicos. También dieron cuenta de
prácticas sin consentimiento durante el parto que suponen violencia obstétrica
(un 33,75% de las que habían respondido afirmativamente).
"Cuando tuve a mi bebé me
ataron las manos, fue muy violento eso"; "cesárea sin que tome la
anestesia"; "Peridural sin que yo diera el consentimiento";
"El corte vaginal (episiotomía) sin consentimiento"; "En una
cesárea me dejaron una tijera adentro. Estuve en terapia 30 días";
"Me rasuraron y me hicieron un enema sin consultarme"; "Me
indujeron el parto por ser primeriza", fueron algunas de las respuestas.
Desigualdades y perspectiva
intercultural
“La información obtenida es
fundamental para orientar futuras intervenciones y fortalecer los puntos
críticos identificados en el sistema de salud”, señaló Menini.
El estudio, detalló la
coordinadora del proyecto, apuntó a diagnosticar las desigualdades en el acceso
a la salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva intercultural e
interseccional; identificar los obstáculos específicos para las mujeres indígenas
y campesinas; y generar propuestas concretas que promuevan una atención de
calidad, inclusiva y respetuosa de sus derechos. Además, se buscó empoderar a
las comunidades mediante la participación activa de lideresas locales en el
proceso de investigación y análisis.
“Es una evidencia este monitoreo
que resalta la necesidad urgente de adoptar un enfoque de derechos colectivos
que respete y valore la diversidad cultural y lingüística de los pueblos
indígenas y de las poblaciones campesinas para avanzar a una atención equitativa,
complementaria e integrada del sistema de salud, es crucial desarrollar
programas de capacitación intercultural, incorporar intérpretes y facilitadores
bilingües al sistema de salud para que haya realmente una salud inclusiva y
adaptada a la diversidad cultural”, advirtió Menini.
El monitoreo se hizo en veinte
comunidades pertenecientes a los siguientes pueblos originarios: mapuche, ava
guaraní, diaguita/Kakan/Calchaquíes/Amaicha; Koya/Quechua; Chulupi, Tehuelche,
Qom; Wichi, Guaraní, Aymara, Kamiare/Comechingón, Chorote, Huarpe, Vilela,
Charrúa, Moqoit, Rankulche/Ranquel, Kilme y Toba.
Los silencios que se rompieron
“Yo creo que si hay algo que
reconocerle al feminismo, lo que habilitó en las sociedades indígenas o en las
mujeres indígenas, fue hablar de cosas que nosotras mismas no hablábamos. Porque
esta cuestión de no sentarnos a conversar cuestiones de mujeres, de la
sexualidad, de la planificación familiar, de qué cantidad de hijos querés
tener, si te querés casar, no te querés casar, si está bien tener esto, que
siempre aparece en el chiste, eso también es muy llamativo (...). Y yo
creo que el antes y el después de la IVE habilitó que en todos los territorios
indígenas las mujeres al menos empezaran a preguntarse qué está pasando con el
tema de los abusos, y qué está pasando con nuestra propia salud sexual y
reproductiva... que en un momento se cortó esa transmisión de las abuelas a las
más jóvenes”, contó una monitora mapuche, de Los Toldos, provincia de Buenos
Aires.
Menini destacó que el 41% de las
personas profesionales de salud consultadas se identifican como miembros de uno
o dos pueblos originarios. Sin embargo, la mayoría no habla una lengua
indígena, aunque un porcentaje significativo sí lo hace y algunas están en
proceso de recuperar su lengua originaria. “Esto revela tanto un potencial para
incorporar enfoques interculturales en la atención médica, como una brecha
lingüística que limita la adaptación de los servicios a las necesidades de las
comunidades indígenas”, concluyó la abogada de CDD.
Por otra parte, aunque “una parte considerable” de quienes integran los equipos de salud “ha recibido formación sobre el derecho al aborto desde la aprobación de la ley, la mayoría de los espacios de capacitación profesional no incluyen formación intercultural en la atención de mujeres indígenas y campesinas”, advirtió Menini. Esta falta de formación interseccional impide una atención culturalmente adecuada y puede ser un obstáculo importante para el acceso equitativo a los servicios de salud sexual y reproductiva, alertó.
Este artículo fue publicado
originalmente el día 13 de diciembre de 2024
Fuente: Pagina 12
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