El Juzgado Federal de Sáenz Peña solicitó al gobierno nacional que informe sobre los cambios implementados respecto de la gestión de pensiones no contributivas, asignaciones familiares y otros beneficios nacionales para determinar el impacto en el cumplimiento de la medida cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema de la Nación en favor de las comunidades indígenas del Chaco. También requirió información al gobierno de Leandro Zdero. El juzgado otorgó un plazo estricto de diez días para responder la consulta.
El Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña tomó cartas en el asunto ante la creciente preocupación por la situación de vulnerabilidad de los pueblos originarios en la provincia de Chaco. A raíz de una presentación realizada por un representante de las comunidades QOM, la justicia busca determinar si las recientes reformas del gobierno libertario de Javier Milei sobre los beneficios sociales afectan las condiciones de vida de estas poblaciones protegidas.
La medida, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada este lunes 8 de junio por el juez federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, a partir de una presentación realizada por el expresidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh), Orlando Charole.
El objetivo principal del magistrado es evaluar si los cambios implementados por el gobierno libertario de Javier Milei en la gestión de pensiones no contributivas, asignaciones familiares, prestaciones sociales y beneficios por invalidez debilitan de alguna manera la histórica medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2007, la cual obliga al Estado a garantizar de forma permanente alimentos, agua potable y asistencia sanitaria a las comunidades de la región.
Ante este escenario, el juzgado otorgó un plazo estricto de diez días al Estado Nacional, específicamente al Ministerio de Capital Humano y a la Agencia Nacional de Discapacidad, así como al Gobierno de la Provincia del Chaco, para que entreguen un informe sumamente detallado. En este requerimiento, las autoridades deberán explicar el estado actual del reparto de agua y comida, detallar el alcance real de los decretos que modificaron las pensiones y aclarar si existió alguna evaluación previa sobre el impacto negativo que estas bajas o suspensiones de programas sociales causarían en los sectores más vulnerables.
Finalmente, las entidades oficiales tendrán la obligación de transparentar las cifras exactas de los beneficios sociales que resultaron suspendidos, dados de baja, auditados o modificados en la zona. Asimismo, la justicia les exige detallar si diseñaron medidas de contención alternativas para asegurar la subsistencia mínima de las familias aborígenes y cuál es el estado actual de los proyectos locales contra el hambre, con el fin de verificar que no se vulneren derechos humanos fundamentales amparados por los tribunales.
Fuente: Revista https://litigio.com.ar/
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