"Desde fines de abril y comienzos de mayo, mucha gente fue empleada para trabajos de desmonte.
Emplearon a 25 varones de Cardón Esquina (Figueroa) para ir a la hacienda "Las Corzuelas", ubicada aproximadamente a 30 km de Tintina. Junto con ellos, había otras 200 personas, todas empleadas con el mismo contratista, de apellido Guerrero, domiciliado en Nueva Esperanza. Los otros trabajadores y mujeres eran de Nueva Esperanza, Añatuya y Brea Pozo. Al parecer, el acuerdo fue por un tiempo prolongado de trabajo, puesto que algunos trabajadores llevaron a sus familias.
Como dato importante, hay mujeres, niños, adolescentes menores de 18 años, y dos bebés, dentro del grupo de 200 personas. Según dos trabajadores, había niños y adolescentes trabajando, por lo cual la responsabilidad penal recaería sobre el contratista Guerrero.
Aparentemente, los terrenos serían del presidente del Banco Francés, aproximadamente 7.000 hectáreas, y trabaja con varios contratistas, los cuales, a su vez, emplean a otros cientos de personas (este dato fue provisto por un testimonio, lo que deja en evidencia que no son solamente 200 personas, sino otros cientos).
Los trabajos se centraban en desmonte completo sobre una zona montuosa media, talando todo a su paso, incluidos quebrachos añosos, con la intención de sembrar trigo y soja. El contratista utilizó topadoras con gruesas cadenas para voltear los ejemplares más antiguos, hecho que está penado actualmente dentro de la vigente ley de bosques.
Hay que sumar el hecho de que los costos de alimentos y recursos materiales, traídos a la zona de trabajo a través del contratista desde Nueva Esperanza, son altísimos. Por ejemplo, una bolsa de harina que ronda los $ 40 o $ 50, en realidad los golondrinas debían pagar $ 100. Un hacha que cuesta $ 160, en el lugar de trabajo les cuesta $250.
Otras características muestran el estado insalubre de vida: el agua era provista en tachos, extraída de algún pozo antiguo, cuyo sabor es extremadamente salado. Sólo les entregaron un plástico negro para que hagan su "vivienda", es decir, un precario techo a dos aguas, en cuyo espacio deben construir varios "caspi catre" (catres de palo) para los integrantes de la familia, o membros de cuadrilla, dependiendo el caso. Según un testimonio, los primeros dos días no les dieron permiso para construir estos catres, porque debían comenzar el trabajo inmediatamente. Esto generó que todos sufrieran dos noches de intenso frío, durmiendo en el suelo, algunos con colchonetas y muchos otros sin nada.
Acordaron un pago de $ 400 para cada cuadrilla (compuesta en un caso particular por 4 personas, en otros casos por 10 personas), pero les pagaron sólo $ 200, en contra de los montos acordados por convenios vigentes de trabajo (alrededor de $ 97 por persona). El trabajo era por "dos manos", es decir, pasar dos veces por el mismo lugar. Como vieron que el trabajo "no rendía" (puesto que dos manos insumen un pago mayor) pidieron re-ver el pago, con lo cual el contratista negó rotundamente. Viendo que no podían arreglar el precio del trabajo, muchos decidieron retirarse, con lo cual el contratista les dijo que no lo hagan, puesto que el dinero iba a estar cerca del sábado 28 de mayo. En este momento del relato se ubica en lunes 9 de mayo, es decir, 19 días sin dinero para alimentarse, con niños y bebés, esposas. Muchas bocas para alimentar.
Este dato es importante, para entender un modo sutil de retención de todas las personas literalmente "atrapadas" en ese terreno, sin posibilidades de salir por cuenta propia, puesto que necesitan de transporte provisto por el contratista. Téngase en cuenta que dicho transporte era un camión (al menos se sabe de uno solo) con caja extensa, donde transportaron a hombres, mujeres, jóvenes y niños hacia el terreno en cuestión. La distancia de dicho terreno hasta la salida de la Ruta Provincial N° 5 es de 20 kilómetros, distancia difícil de atravesar con niños, equipajes, colchonetas y otros recursos de cada familia. La situación, literalmente, es de reducción a la servidumbre, y en el caso de esta obligada "estadía" sin posibilidades de salir, es estrictamente un trato escalvo.
Dos muchachos lograron escapar la noche del jueves 12 de mayo, caminando en medio del barro, dentro del monte y sin caminos a la vista. Tuvieron que hacerlo de este modo, porque de ser encontrados, podía haber represalias hacia ellos, sus cuadrillas o incluso sus familias. Lograron llegar a la localidad de Tintina el viernes 13 de mayo. Uno de ellos logró contactarse el jueves con su hermana, quien vive en Santiago Capital. Ella se dirigió a las instalaciones de la UATRE (Moreno y Saénz Peña, en Santiago Capital), para saber qué se podía hacer. Le dijeron que vuelva al día siguente. Y el viernes, obtuvo la misma respuesta: que vuelva el lunes.
Los dos muchachos lograron llegar a Santiago el lunes temprano, y se dirigieron a la Dirección de Trabajo. Les dijeron que pueden enviar inspectores, pero "no tenemos combustible" para las camionetas. Propusieron a los muchachos golondrinas que soliciten camionetas e inspectores en la menconada filial de UATRE.
Y los muchachos fueron a UATRE. Los atendió un hombre de nombre Isidro, hijo de un inspector de UATRE. Les dijo que vuelvan al día siguiente (es decir, martes 17 de mayo). Sospecharon que esto iba a darles tiempo a los gremialistas de UATRE para avisar al contratista (o algún contacto con éste) de que dos golondrinas estaban husmeando en cosas indebidas para los intereses del explotador.
Por último, recurrieron a la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, con sede en Santiago. Inmediatamente dieron la siguiente respuesta: organizar todos los recursos para hacer un viaje de inspección, en conjunto con inspectores de la AFIP.
El día martes llegaron a la hacienda "Las corzuelas" para inspeccionar la terrible situación descripta. Llegaron en dos camionetas hasta la entrada de la hacienda, cerrada por grandes candados. Dejaron las camionetas, y caminaron 12 kilómetros hasta llegar a las cercanías del terreno mencionado. 200 metros antes de llegar al campamento, fueron interceptados por una camioneta, y hombres armados con escopetas. Tuvieron que volverse, sin poder ingresar a la hacienda. Este hecho, sabemos, sucedió muchas veces en el verano de 2.011: inspectores de AFIP u otro organismo del estado, atacados por los terratenientes, contratistas o capataces en terrenos allanados con trabajadores rurales esclavizados.
Los mensajes de texto enviados el día miércoles 18 de mayo, desde los muchachos que quedaron "atrapados", dicen que el contratista les cortó el abastecimiento de alimentos (con sobreprecio, recordemos), y la provisión de agua (de un nivel medio de salinidad), con lo cual están desesperados y no saben de qué modo subsistir.
Desde la Gerencia de empleo informaon que se elevó una denuncia penal en el Juzgado Federal, para allanar el lugar con una orden del juez."
Mientras los organismos provinciales acentúan los controles sobre las explotaciones forestales, los productors se autoconvocaron en el cruce de rutas de Avia Terai y solicitaron el cese de los operativos y un mayor cupo de guías forestales.
Diario Norte señala que, mientras la AFIP - y otros organismos oficiales locales - pone bajo sospecha a la región del oeste provincial por la grave explotación de trabajadores, la evasión y el tráfico de madera ilegal, los productores permanecían en la noche de este jueves deliberando en el cruce de las Rutas Nacional 16 y 89 en inmediaciones de Avia Terai.
Concretamente, los propietarios de los obrajes solicitaron públicamente el cese de los operativos de control de trabajo en negro, que la Dirección de Bosques (repartición muy cuestionada por los productores forestales) conceda un mayor cupo de guías forestales y que la Policía Ecológica deje transitar - adeucen cuestiones de subsistencia - a los camiones cargados con madera. Se señala que en la mañana de este viernes, los forestales resolverían si realizan un corte de ambas rutas nacionales o aguardan una respuesta de las autoridades del gobierno provincial.
En los últimos días, se intensificaron los operativos y controles en toda la región por parte de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Rural y Dirección de Bosques, donde detectaron condiciones infrahumanas de obrajeros en los lugares de explotación, como así también la persistente salida de madera chaqueña hacia vecinas provincias en tránsito ilegal. Ahora, se produce la protesta empresaria con la amenaza del corte de rutas
Tras los operativos de la AFIP que detectaron a personas trabajando en condiciones infrahumanas en un obraje forestal, el titular del Centro Mandela, Rolando Núñez aseguró que este caso no es aislado, manifiesta que esta cuestión está vinculada con la corrupción estatal y privada
Tras los operativos de la AFIP que detectaron a personas trabajando en condiciones infrahumanas en un obraje forestal, el titular del Centro Mandela, Rolando Núñez aseguró que este caso no es aislado, manifiesta que esta cuestión está vinculada con la corrupción estatal y privada
Tras los operativos de la AFIPque detectaron a un grupo de 20 personas trabajando en condiciones infrahumanas en un obraje forestal cercano a Los Frentones, desde Centro Mandela, Rolando Núñez, dijo que este caso no es aislado sino que forma parte de una “matriz histórica”. Dijo que la corrupción estatal y privada es el caldo de cultivo para que se repitan este tipo de situaciones.
En declaraciones a medios radiales Núñez aseguro: “Siempre hubo trabajo esclavo en toda la actividad forestal para el aprovechamiento de la madera, para quemar la leña para carbón y para destroncar los montes que fueron desmontados. Esta es la matriz histórica de la provincia del Chaco”. Además desde el Centro Mandela aseguran, que “en El Impenetrable no existe la noción de trabajo esclavo porque está normalizado que el que explota, explota y el explotado no tiene otra salida. En Nueva Población, una localidad que está a pocos kilómetros de Nueva Pompeya, por ejemplo, la changa de ocho horas a un indígena se le paga $5”, ahondó.
“En todo los casos el destroncado implica trabajo esclavo porque la paga es mínima”, dijo Núñez. “Las condiciones de vida del propio campo son campamentos muy precarios. La compra de la mercadería a tres o cuatro veces el precio que está vigente en la localidad más cercana. Para sostenerse alimentariamente en el lugar se dedican a cazar los animales silvestres del lugar. Incluso entre la zona de Tres Isletas y Avía Terai en donde se produjeron los grandes desmontes en los últimos cuatro años hemos visto como por ejemplo cazan y comen osos hormigueros”, especie actualmente protegida.
“La otra actividad es la actividad forestal: la explotación del monte para madera. Ahí vemos una continua red de corrupción entre el sector privado y público. Aparece así la otra matriz que incluye el aprovechamiento fraudulento de las tierras fiscales, la explotación forestal clandestina y el trabajo esclavo. Además se detectan complicidades entre el productor forestal, el delegado de Bosques de la localidad más cercana y el delegado Forestal de la localidad más cercana”, dijo Núñez.
El abogado culpó por este tipo de situaciones a toda una maquinaria aceitada por la corrupción entre el Estado y productores forestales. “Chaco hoy en día no tiene ninguna otra posibilidad como estructura política organizada de ir a fondo en este tema para combatir no solamente el trabajo esclavo sino para combatir los desmontes clandestinos, las explotaciones forestales clandestinas y las apropiaciones fraudulentas de tierras fiscales. Pero como está organizado el Estado es imposible e impensado que vayamos a salir a regularizar esa situación”, dijo Núñez.
“En ese contexto venimos diciendo hace ya bastante tiempo que los barones de la motosierra y de las topadoras no actúan solos sino que están formando parte de una red de corrupción que toma toda la estructura que está vinculado con el tema de tierras fiscales y con el bosque nativo chaqueño”, señaló y volvió a apuntar contra la Dirección de Bosques de manejos irregulares. “La Dirección de Bosques es corrupción de punta a punta. Y así como funciona produce todas las consecuencias que se están produciendo porque siempre la apropiación fraudulenta de tierras fiscales es para sacar madera, siempre”, acusó.
Fuente: chacodiapordia.com
miércoles, 16 de junio de 2010
Avance de la frontera hidrocarburífera en Salta
En la localidad de Coronel Juan Solá criollos y comunidades wichi denuncian atropellos por parte de empresas petroleras de capitales chinos asociados a Daniel Lalín.
Hace aproximadamente un mes los habitantes de Coronel Juan Solá, del departamento de Rivadavia -en el chaco salteño-, despertaron con las topadoras dispuestas a abrir picadas de 8 a 10 metros de ancho en sus territorios para realizar tareas de exploración sísmica. El área de más de 3 mil kilómetros cuadrados se denomina Morillo y fue ofertada en la ronda licitatoria que encaró el gobierno salteño en 2006. La UTE adjudicataria está conformada actualmente por dos empresas chinas –JHP y New Times Energy Corporation- y Maxipetrol-Petroleros de Occidente, del empresario argentino Daniel Lalín. Los relatos de criollos y comuneros sobre criminalización y avasallamiento parecen ser un espejo de lo denunciado recientemente por los pobladores de la cercana localidad -50 kilómetros- Fortín Dragones
Las licitaciones: nuevas áreas para exploración y explotación
La Primera Ronda Licitatoria de Áreas Hidrocarburíferas , en 2006, contemplaba la licitación de 6 áreas exploración y eventual explotación -Tartagal Oriental, Hickman, Chirete, Morillo, La Unión y Malvalay -, una superficie de más de 29 mil km2 en el chaco salteño por las que se recibieron ofertas globales superiores a 220 millones de dólares . El Secretario de Minería y Recursos Energéticos de Salta, Ricardo Alonso, sostuvo que la ronda “superaba las expectativas” y que la provincia tenía la llave del gas argentino.
Morillo, el área que contempla a Coronel Juan Solá, fue adjudicada a Maxipetrol – Petroleros de Occidente y JHP International Petroleum Engineering -empresa de servicios petroleros con sede en Hong Kong- , si bien ya contaba con historial hidrocarburífero al haber sido concesionada a Pluspetrol por parte de YPF a mediados de los ’80 .
Daniel Lalín, otrora presidente de Racing Club , es uno de los exponentes del fenómeno de pequeñas y medianas empresas surgidas a partir de la privatización de YPF y la licitación de áreas secundarias. Reúne a un sector de la burguesía nacional que no estaba vinculado previamente al sector; desde sectores con fuertes vínculos con el kirchnerismo, como por ejemplo Cristóbal López y Lázaro Báez; a ex funcionarios y afines al menemismo, como Vila y Manzano. A su vez, el avance de inversiones chinas en el rubro energético no es menor, y se verifica no sólo en los casos que analizamos aquí, sino en la que fue la mayor operación entre privados en la industria hidrocarburífera nacional: la venta del 50% de Bridas Corporation -grupo Bulgheroni- a China National Offshore Oil Company (CNOOC).
A través del holding Lalin Global Group el empresario se ha proyectado sobre diversos sectores más allá del petrolero. Su diversificación va desde minería a producción de aceites vegetales, pasando por importación de equipamiento médico chino . Debuta a través de Oxipetrol-Petroleros de Occidente, hoy llamada Maxipetrol-Petroleros de Occidente, en las licitaciones salteñas de 2006 a través de la UTE con la china JHP International Petroleum Engineering. En esta provincia obtienen no sólo el área de Morillo sino también de Tartagal Oriental.
Las adjudicaciones se concretan para diciembre del 2006 con los decretos N 3388/2006 –Morillo- y N 3391/2006 -Tartagal Oriental-, comprometiendo áreas de 3.518 y 7.065 km2 respectivamente. Si bien la concesión tenía una duración de 4 años -finalizando el 29 de diciembre del 2010-, los contratos estipulaban la posible prolongación por 9 años más , “una práctica usual” . Según informes de las adjudicatarias -realizados por consultoras- se estimaba un potencial de entre 83 y 256 millones de barriles de petróleo y entre 31.600 y 144.128 millones de metros cúbicos de gas.
El panorama cambia para el 2007. New Times Group Holdings , conglomerado con sede en Hong Kong, desembolsa casi U$S 1.300 millones por una importante participación en estas áreas . Este monto es del orden de los últimas grandes compras en el sector, como los U$S 1.027 millones que pagó Petrobras por Pecom o los U$S 1.600 millones de Oxy hacia Vintage . La nueva UTE, denominada High Luck Group Limited , se distribuye en un 60% para New Times, 30% para Maxipetrol-Petroleros de Occidente y un 10% para JHP . Según declaraciones del CEO de New Times, el destino de la extracción sería el mercado interno.
En estas operaciones se desprende el fuerte carácter especulativo de los primeros adjudicatarios. JHP Internacional Petroleum Engineering se desempeña principalmente en el área de servicios como subcontratista para perforación más que una operadora y concentra su actividad en China . A su vez, Lalin no se ha limitado a Salta únicamente, sino que ha presentado diversas ofertas en otras áreas del país. Junto a Chañares Herrados conforma una UTE que obtiene en Mendoza el área Ugarteche, que en diciembre de 2009 vende por U$S 163 millones a la china Mayer Holding . Sin embargo, esta tendencia especulativa inicial se revertiría para 2010. No solamente se puede ver en el inicio del trabajo exploratorio sino también en el reporte final de 2009 de New Times Energy Corporation. Frente al fin del acuerdo de concesión de 4 años firmado con el gobierno salteño, la UTE tiene que realizar las inversiones de casi U$S 36 millones para Tartagal Oriental y U$S 13 millones para Morillo entre los acuerdos y obligaciones pactados . Estas obligaciones informaba el grupo serán los objetivos a cumplir.
¿Energía a costa de quién y para quién?
Si bien no creemos que la implementación de una red de gas universalizada sea la forma de garantizar la energía al conjunto de la población -en el marco de una discusión sobre la matriz energética que no contempla este artículo- asombra tristemente el caso salteño por dos cuestiones principales. Por un lado, la misma población que se ve afectada por la extracción de gas “para el conjunto del país”, en su territorio no puede acceder a él para consumirlo. Al tiempo que ven perjudicada su tierra, avasallados sus derechos y, en algunos casos, desalojados por tenencias “precarias”, no pueden hacer uso de aquello que se encuentra bajo sus pies. La satisfacción de esta carencia no se encuentra contemplada en ningún contrato adjudicatario, y tampoco se asume como compromiso por parte del Estado hacia sus habitantes. La situación no es exclusiva del chaco salteño sino que se presenta en diversas zonas centrales de extracción, ejemplo de esto son las comunidades Kaxipayin y Paynemil en Loma de La Lata, la mayor reserva gasífera de Argentina, o en la comunidad Logko Puran, también en la provincia de Neuquén.
A su vez, la oferta energética a la que pueden acceder las localidades es sumamente esporádica –problema que puede constatarse en la falta de garrafas- y mucho más cara, ya que existen substanciales diferencias de costo entre el gas envasado y el que se distribuye a través de redes domiciliarias.
Los mayores perjudicados por el esquema son aquellos que viven encima del recurso, sectores con bajos niveles de ingreso que sufren gran parte de los impactos negativos de la industria, y de esta manera “subsidian” el consumo de los principales polos de actividad económica y los núcleos urbanos más concentrados.
TECPETROL EN TERRITORIO WICHI: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA Y CRIMINALIZACIÓN
Por OPS.- El conflicto entre las comunidades wichí y Tecpetrol se origina a mediados de febrero, con la llegada de la empresa a Fortín Dragones para explorar –y eventualmente explotar- nuevas áreas hidrocarburíferas licitadas por el gobierno salteño en 2006. A principios del 2007 la subsidiaria del grupo Techint para el sector de hidrocarburos, asociada a Petrobras, se adjudican el área Hickman. La incursión en territorio indígena -violando convenios internacionales y legislación nacional- y los reparos sobre el potencial riesgo presentados por más de 5.000 habitantes no ha constituido un freno para una inversión estimada en más de 40 millones de dólares. Una de las comunidades más afectadas es La Chirola, cuyo territorio ancestral fue comprado por la empresa Sidecto, el grupo de la familia Macri.
El pedido de trabajo por parte de los pobladores y la financiación de proyectos productivos, de acuerdo a sus necesidades, son considerados “excesivos” por representantes de la empresa; en cambio, el hostigamiento policial y la judicialización de los wichi sigue el camino de la “normalidad”. Por otra parte, el gobierno provincial y los organismos específicos, como el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta -que tendría que intervenir en este tipo de casos-, no han dado señales de vida. Mientras el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas aletarga su presencia, las instancias de negociación con la empresa se realizaban en la Unidad 4 de Infantería de Tartagal, localidad distante de las comunidades en conflicto.Leer más>>
"Nada bueno puede esperarse de una virtual 'patagonización', es decir, de la importación lisa y llana del modelo de gestión y explotación de hidrocarburos que rige en las provincias patagónicas"
Diego Pérez Roig Observatorio Petrolero Sur
Hace exactamente un mes publicamos un informe sobre las motivaciones y los riesgos que conllevan las labores de exploración de hidrocarburos -y eventual explotación- que se pondrán en marcha en la provincia de Entre Ríos. Precisamente, el mismo día en que se firmaron esos contratos, la multinacional española Repsol-YPF también cerró acuerdos con Formosa y Chaco.
Si bien muchas de las circunstancias que enmarcan la iniciativa son similares, en el caso chaqueño se conjugan factores adicionales -agravantes, diríamos-, que dificultan aún más la proyección sustentable de la extracción y explotación de hidrocarburos.
1. El plan exploratorio oficial
El primer paso para la exploración, y posterior explotación, de hidrocarburos en territorio chaqueño tuvo lugar a fines de julio de 2008. En un acto encabezado por el gobernador Jorge Capitanich -que contó con la presencia del vicepresidente ejecutivo de YPF, Sebastián Eskenazi- se hizo público el decreto 1884/08, que autoriza “al Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente a otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, almacenaje y transporte, de hidrocarburos existentes en el territorio provincial”[1].
En aquella ocasión Capitanich aseguró que la iniciativa marcaba las amplias expectativas de la provincia de hallar yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Lo que se buscaba, a fin de cuentas, era establecer los mecanismos de oferta, condiciones y áreas de exploración y pago de regalías[2].
En octubre del mismo año el decreto fue cuestionado por diputados de Alianza Frente de Todos, quienes exhortaron al Ejecutivo Provincial a abstenerse de realizar servicios de exploración y explotación sin dar cumplimiento a lo establecido constitucionalmente. A tales efectos mencionaban el artículo 41 de la Constitución Provincial, que prevé que la provincia autorice o lleve adelante actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, “previa ley aprobada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura”[3].
Sin embargo, y más allá de las formalidades, no hubo cuestionamientos de fondo al proyecto. De hecho, uno de los diputados en cuestión, Marcelo Castelán, sostuvo que estaban de acuerdo en que la provincia del Chaco se lanzara a la búsqueda de interesados en explorar hidrocarburos en suelo provincial. Y finalizó, “si hay petróleo, debe ser una fiesta para todos los chaqueños”[4].
Finalmente, el 29 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados provincial dio nuevo impulso a la iniciativa oficial. Sancionó el cambio de estatuto de la empresa provincial de energía (S.E.CH.E.E.P.), permitiendo su asociación con capitales privados. Y la ley Nº 6278/08 estableció al Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente como órgano de aplicación, autorizó la forma de concesión por concurso y ratificó el decreto 1884/08[5].
Mecanismo de asignación y acuerdos El mecanismo de asignación de áreas ha sido uno de los puntos más “novedosos” del actual plan exploratorio. De acuerdo a lo difundido oficialmente[6], el territorio provincial fue subdividido en doce áreas de exploración –denominadas Chaco 1, 2, 3, etc.-, tomando como referencia los bloques que en su momento conformaban el denominado Plan Argentina, con posibilidad de modificación de acuerdo a las propuestas recibidas. Posteriormente, “los potenciales interesados [deberían] realizar una oferta de asociación al Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente para explorar y eventualmente explotar hidrocarburos”[7]. Si la propuesta resultara satisfactoria, la provincia firmaría un acuerdo con el interesado, que luego sería “ampliamente difundido” para ser mejorado por terceros.
El 30 de enero de 2009 el gobernador Jorge Capitanich suscribió contratos para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en el Chaco con los representantes de YPF y Unitec Energy S.A. “Esta contratación se [enmarcó] en dos iniciativas del Poder Ejecutivo que [estuvieron] fuertemente ligadas a la actividad energética e hidrocarburífera. La primera fue la ampliación por ley de la razón social de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (S.E.CH.E.E.P.), que [permitiría la incursión de la empresa] en la actividad petrolífera; la explotación de gas y la comercialización de combustibles. La segunda [fue] la modificación de la Ley de Hidrocarburos [Nº 6.278/08], que permitió descentralizar la exploración y la explotación de estos recursos”[8].
Los contratos firmados correspondieron a seis de las doce áreas en las que se había loteado la provincia. En los hechos, la “amplia difusión” aludida se restringió a la publicación de los acuerdos arribados en el Boletín Oficial del 9 de febrero de 2009:
- Áreas CH B1 (9.600km²), CH B3 (7.150km²) y CH B4 (7.040km²), en el sur/sureste de la provincia: acuerdos firmados por la Provincia del Chaco, S.E.CH.E.E.P. y Unitec Energy, consistentes en la conformación de una UTE entre las dos empresas, que tendrían el 5% y el 95% de participación en la exploración, manteniendo los porcentuales en una eventual explotación.
- Área Santa Sylvina, CH B2 (10.000km²), en el sur/sudoeste de la provincia: acuerdo firmado por la Provincia del Chaco, S.E.CH.E.E.P., YPF S.A. y Unitec Energy S.A., consistente en la conformación de una UTE entre las tres empresas, que tendrían el 10%, 45% y 45% respectivamente de participación en la exploración, manteniendo los porcentuales en una eventual explotación. Este bloque agrupa las áreas originalmente denominadas Chaco 9, Chaco 11 y Chaco 12, que son las que registran antecedentes de exploración.
Proyecto de ley Nº 943/09 En mayo de 2009 el Gobernador Jorge Capitanich envió a la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley Nº 943/09, con el propósito de ratificar los acuerdos firmados en enero entre el Gobierno de Chaco, YPF S.A., S.E.CH.E.E.P. y Unitec Energy S.A. Luego de dos sesiones extraordinarias realizadas en diciembre, el proyecto fue remitido a la Comisión de Legislación General, que volverá a tratarlo durante este mes. A propósito de esta iniciativa, el legislador del Frente Grande, Fabricio Bolatti, sostuvo que es importante “avanzar en lo que sería un escenario futuro respecto a si se encuentra el hidrocarburo, ya que tendremos la explotación en manos de empresas privadas, cuando lo mejor sería que el pueblo del Chaco sea el beneficiado”[9].
El 9 de febrero Capitanich rubricó un nuevo acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de YPF S.A., Sebastián Eskenazi. Durante la reunión el mandatario remarcó: “este convenio que acabamos de firmar entre S.E.CH.E.E.P. e YPF para la explotación de áreas que no fueron adjudicadas por no tener oferta, contribuye a la identificación de las potencialidades. Por eso, constituye un avance cualitativo de la cuenca hidrocarburífera de [la] provincia”[10]. Es decir que todo el territorio provincial que no hubiese sido comprendido por los acuerdos de enero de 2009 -que el proyecto de ley Nº 943/09 busca ratificar-, es pasible de exploración y explotación hidrocarburífera.
Los reparos a la ley generaron desgajamientos en el bloque oficialista. Inocencia Charole es la primera diputada provincial de origen toba, formó parte de la lista Frente Chaco Merece Más -que acompañó la candidatura de Jorge Capitanich-, pero sin embargo anunció que votará en contra de la ley de hidrocarburos. Argumentó que el proyecto no tiene un procedimiento transparente, quedando muchos interrogantes sin contestar: “¿Qué pasa con las ganancias?, ¿Cuál es el porcentaje que queda a los chaqueños?, ¿Qué pasa con los territorios que tienen petróleo donde están las reservas indígenas?, ¿En qué y cuánto se beneficia nuestro pueblo? ¿O sólo nos utilizarán en mano de obra barata?”[11].
2. Expansión de la frontera hidrocarburífera y economía chaqueña
La provincia de Chaco se encuentra inmersa en un proceso de selección y oferta de áreas secundarias para la exploración hidrocarburífera que abarca numerosas provincias desde hace aproximadamente tres años[12].
En efecto, a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley corta 26.197/06, ambas bajo la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación[13]. Actualizaron sus legislaciones internas y otorgaron exenciones impositivas para atraer al capital privado, convirtiéndose en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales.
Como trascendió en diversos medios de prensa, en la reunión de noviembre del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en el Palacio de Hacienda, “los ministros de Economía provinciales plantearon desesperados reclamos de fondos a la administración nacional. En varios casos, apelarán a adelantos de coparticipación o al Programa de Asistencia Financiera (PAF) para pagar salarios de este año”[14]. Finalmente, veinte administraciones cerraron el 2009 con números rojos, y solamente cuatro distritos lograron superávit financiero. La situación, que no ocurría desde la crisis de 2001/2002, revierte lo registrado hace apenas tres años, cuando precisamente veinte provincias exhibían resultados positivos[15].
De acuerdo al Informe de Provincias[16] de la consultora Delphos Investment, la relación Resultado fiscal 2009 (estimado) / PBG provincial, habría colocado a Chaco en la quinta peor posición, detrás de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca y Jujuy. Ante los crecientes déficits y la falta de financiamiento, “algunas provincias comenzaron a indagar alternativas financieras para pagar deudas con proveedores con bonos […] Luego de que la Nación girara fondos a Corrientes y Córdoba, los distritos más comprometidos son Chaco y Formosa”[17].
En 2009 la provincia se debatió entre la más grave sequía de los últimos cuarenta años -que afectó particularmente las localidades de Juan José Castelli, Quitilipi, Sáenz Peña, al noroeste- y las inundaciones sobre la margen del río Paraná -localidades de Isla del Cerrito, Colonia Benítez, Barranqueras, Puerto Vilelas y Antaqueras[18]. En octubre la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales estimó que las pérdidas de ganado podrían alcanzar las 230.000 cabezas[19]. Respecto a la agricultura, el desalentador panorama haría centrar todas las esperanzas en la soja, para la cual se dedicarían alrededor de 800.000 hectáreas, acentuando la tendencia al monocultivo[20]. Finalmente, el 20 de enero el gobernador decretó la emergencia agropecuaria[21].
Más allá de la influencia que esta coyuntura particular pudiera haber ejercido sobre las cuentas públicas, existe un movimiento que es general y pronunciado: Chaco no escapa a las recurrentes caídas del superávit que el conjunto de las provincias vienen experimentando desde el segundo trimestre de 2004, y que en 2009 culminó con preocupantes déficits[22].
La situación se explica a partir de dos fenómenos fiscales concomitantes. “Cada año el porcentaje de fondos transferidos automáticamente a las provincias va disminuyendo y ganan terreno los giros discrecionales, no regulados por ley alguna. En el 2009, los fondos coparticipados a las jurisdicciones alcanzarían el 24% de la Recaudación total del Gobierno Nacional, diez puntos por debajo de lo establecido por ley. Incorporando las transferencias discrecionales y la coparticipación del 30% de las retenciones a la soja, el porcentaje sería levemente superior al 29%. La caída progresiva en las transferencias automáticas se debe al cambio en los últimos años de la estructura de ingresos de la Nación (por ejemplo, retenciones a las exportaciones e “impuesto al cheque”) y la no adecuación de la legislación […] La situación fiscal de las provincias es insostenible y además la distribución primaria está muy alejada (y apartándose cada vez más con el correr de los años) de lo dictado por la [Ley de Coparticipación Federal] Nº 23.548[23]”.
Por otro lado, en un reciente informe, la consultora Economía & Regiones señala el progresivo aumento del gasto público en las veintitrés provincias y la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2003. “En relación a 2008, el incremento del gasto público alcanzaría al 19,3%, unos $27.900 millones adicionales, [por lo que] habría alcanzado a $173.131 millones, equivalente al 14,8% del PIB nacional, la mayor participación de los últimos diez años”[24]. La región del NEA, que Chaco integra junto a Corrientes, Formosa y Misiones, es una de las que menos contribuye al gasto consolidado provincial con un 9%. No obstante, es una de las más castigadas por las reformas neoliberales de la primera mitad de la década del 90’, que transfirieron la provisión de salud y educación de la órbita Nacional hacia las provincias; en el NEA el 70% de las erogaciones provinciales se destina a tales efectos.
El informe también señala al NEA como la región que mayor proporción del gasto destina al pago de servicios de deuda, con un 3%. En el caso particular del Chaco, el propio gobernador señaló que sobre las cuentas públicas pesa una abultada deuda de $5.000 millones, que demanda pagos anuales de unos $600 millones por capital e intereses[25].
Debemos destacar, además, que el proceso de reformas administrativas que afectó las capacidades recaudatorias y la situación fiscal de las provincias, se enmarca en una reconfiguración general del papel de Argentina como proveedora de materias primas para los grandes centros de consumo a nivel mundial. Las ruinosas consecuencias que este “nuevo” modelo ocasionó a muchas economías regionales –modelo que en realidad tiene bastante de viejo, ya que en numerosos aspectos retrotrajo al país al siglo XIX-, se cuentan hoy en pobres, indigentes y desnutridos.
Dicho esto, en nada debería sorprender que Chaco busque en las regalías hidrocarburíferas un salvavidas que alivie su comprometida situación económica y social.
3. Antecedentes
La provincia de Chaco cuenta con escasos antecedentes de exploración hidrocarburífera. De acuerdo a un trabajo de la Comisión de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)[26], entre 1933 y 2007 se efectuaron 38 pozos exploratorios en la Cuenca Chacoparanaense, de los cuales tan sólo seis tuvieron lugar en Chaco[27]:
-Año: 1942 / Empresa: YPF / Lugar: Charata / Profundidad del pozo: 1716 m.
-Año: 1950 / Empresa: YPF / Lugar: Las Breñas / Profundidad del pozo: 2058 m.
-Año: 1965 / Empresa: YPF / Lugar: Las Breñas Oriental / Profundidad del pozo: 2887 m.
-Año: 1966 / Empresa: YPF / Lugar: Las Breñas / Profundidad del pozo: 1814 m.
-Año: 1969 / Empresa: YPF / Lugar: Gancedo / Profundidad del pozo: 2558 m.
-Año: 1991 / Empresa: Pluspetrol / Lugar: Pampa Bandera / Profundidad del pozo: 3972 m.
Luego del loteo efectuado por el gobierno provincial, los pozos han quedado comprendidos en las áreas Chaco 11 (Charata y Las Breñas), Chaco 9 (Gancedo), y Chaco 4 (Pampa Bandera).
Proyecto Sur Chaco denunció recientemente la existencia de un pozo petrolífero cerca de Pampa Verde, que ya estaría señalizado y listo para explotar. En 1991 habrían encontrado gas, y según se comenta, esa temporada los dueños del campo recibieron un jugoso subsidio por no poder sembrar. Según la investigación: “Antes de que se realice la exploración habrían sido visitados por personas de origen estadounidense las cuales, a través de un traductor, les ofrecieron un millón de dólares para comprar una fracción del campo en la que posteriormente se realizaría el pozo. […] El lugar fue visitado hace 9 meses por un ingeniero que decía pertenecer al gobierno provincial, visita que fue repetida hace 3 meses. A 4 o 5 kilómetros unos lugareños declararon que el agua de pozo que extraen ya no la consumen porque a veces sale con olor como a ‘kerosene’. Podría ser otra prueba de que existe un yacimiento en esa zona”[28]. Y un indicio de los “cuidados ambientales” que tomarán.
4. “Pampeanización” y desmonte
El avance sobre El Impenetrable El territorio de la provincia del Chaco se encuentra comprendido dentro de la cuenca sedimentaria Chacoparanaense (o Noreste), y dividido entre dos ecorregiones: el “Chaco seco” al noroeste, y el “Chaco húmedo” al sudeste. De acuerdo al Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos[29], Chaco forma parte de la región fitogeográfica Parque Chaqueño –que comparte con Formosa, Santiago del Estero, y partes de Santa Fe, San Luis, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba y Corrientes.
Si bien la explotación forestal se remonta a la época colonial, recién a mediados del siglo XIX adquirió un carácter mercantil. “Hacia 1860 un nuevo escenario se ofrecía en el panorama mundial y las vastas llanuras argentinas encontraron su ubicación dentro del esquema de división internacional del trabajo característico de la época. La propagación de los establecimientos ganaderos significó la incorporación de los molinos de viento, los abrevaderos metálicos e instaló la práctica del alambrado, inexistente hasta [el momento] y fue entonces necesario el uso de enormes cantidades de postes y varillas de madera dura. Miles de kilómetros de vía férrea se asentaron sobre durmientes de quebracho y el consumo de leña y carbón como combustible industrial y doméstico se incrementó exponencialmente. Todo ello a expensas de la madera del bosque chaqueño […] En esta misma época los capitales extranjeros invertían comprando tierras en nuestro país, ya sea para ganadería y agricultura como para explotación forestal y en este último caso la tala de árboles, especialmente el quebracho colorado y el ñandubay, fue indiscriminada”[30].
Se estima que entre 1888 y 1943, la extensión del área cultivada pasó de 2.460.000 a 27.300.000 de hectáreas. “La expansión de la frontera agropecuaria se hizo a expensas del bosque, se expandieron el cultivo del algodón en el Chaco y las plantaciones de tabaco en Salta y Jujuy, todo ello en áreas desmontadas”[31].
En la década de 1970 comenzó la “cerealización” de la pampa húmeda, y con ella, un nuevo proceso de presión sobre los bosques de la región chaqueña, que dieron cobijo a las explotaciones ganaderas que fueron empujadas hacia zonas marginales. Los investigadores Walter A. Pengue (UBA) y Jorge H. Morello (CONICET) señalan que “este proceso de ganaderización ha sido menos drástico en la forma de producir el desmonte que los que le siguieron, de agriculturización y pampeanización, ya que la sombra para la rumiación y ventilación de los animales en verano, demandaban la conservación de franjas entre las fajas de pastizales implantados y la conservación de isletas de monte eran prácticas generalizadas”[32].
En efecto, la expansión territorial de la agricultura argentina –fundamentalmente de la mano de la soja a partir de la década de 1990- no se limita en la actualidad a la ecorregión pampeana, sino que ha penetrado en otras como la chaqueña, “de una manera y a una velocidad inédita transformando paisajes y estructuras urbanas de una manera irreversible. La ‘pampeanización’ como proceso de importación del modelo pampeano sobre ecorregiones como el Chaco, que tienen otras funciones productivas y otras características ecológicas y sociodemográficas muy diferentes, es un cambio productivo insostenible que sólo puede producirse de la mano de la incorporación de nuevas tecnologías, formas de manejo, capital y demanda externa que sólo se sostiene por el precio de la materia prima, implantado sobre muchas áreas que previamente eran ricas en biodiversidad”[33].
En la actualidad, y de acuerdo al informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los principales problemas de la región convergen en torno a:
-“Un aumento de las áreas agrícolas de medianas y grandes empresas, cuya tecnología resulta incompatible con el bosque nativo;
-La degradación de los bosques y suelos en las áreas más secas del chaco semirárido con sistemas ganaderos extensivos;
-Aumento de la salinización de los suelos por malas prácticas agrícolas y de riego, sobre todo en los límites entre el chaco semirárido y el húmedo;
-El aumento de la colmatación en esteros, bañados y lagunas por erosión hídrica y el incremento de las inundaciones en áreas de relieve más bajas, debidos al sobrepastoreo y sobre todo a las malas prácticas agrícolas, en especial en la subregión húmeda;
-El aumento de la contaminación por uso y abuso de agroquímicos en áreas agrícolas (soja, algodón, arroz, etc.) con expansión de sus efectos por vía hídrica a ambientes circundantes”[34].
Diversas estimaciones apuntan la pérdida de más de 2.500.000 de hectáreas de bosques nativos a nivel nacional en los últimos diez años, siendo el Parque Chaqueño la región más depredada: “allí se produce cerca del 70% de la deforestación anual de todo el país, y su región semiárida se encuentra al borde de la pérdida total de sus masas boscosas”[35].
A los efectos de cumplir con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (o “Ley de Bosques”), el gobierno del Chaco realizó una Propuesta de Ordenamiento Territorial a fines de 2008. A pesar de la crítica situación provincial, las autoridades decidieron declarar como área protegida únicamente al 5% (271.438 has.) de los bosques, y exponer a más del 40% (2.039.648 has.) al desmonte parcial o total.
Luego de duras críticas por parte de organizaciones sociales y ambientalistas, se sancionó en la Legislatura local un nuevo ordenamiento que elevó a poco más de un magro 9% (501.958 has.) el área en la que no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal y silvopastoril.
Los Bajos Submeridionales De los acuerdos suscriptos en febrero de 2009, se deduce que el bloque con mayor prospección es el Área Santa Sylvina, que será explotado conjuntamente por Unitec Energy, Repsol-YPF y S.E.CH.E.E.P. No en vano es el que registra cinco de las seis perforaciones hechas en territorio chaqueño por la YPF estatal.
Sin embargo, la zona no sólo tendría potencial hidrocarburífero, sino que también alberga parte de los Bajos Submeridionales, uno de los humedales más importantes del territorio nacional -comprendido por el Sistema Acuífero Guaraní-, y refugio de numerosas especies animales y vegetales. Un informe preparado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación), señala que son naturales los períodos de sequías e inundaciones debido a la gran irregularidad en las precipitaciones mensuales y la falta de una red de escurrimiento definida y organizada[36]. Esto haría que el humedal funcione regionalmente “como un inmenso colector de agua, vital en la dinámica del río Salado”[37].
La “pampeanización” de la zona ha causado severos impactos, en primer lugar con el avance de la frontera agrícola y el reemplazo de grandes extensiones antiguamente recubiertas por monte, y en segundo lugar, a partir de la reciente construcción de una red de canales de desagüe. “Esta obra, que ha adquirido proporciones ecosistémicas, amenaza el funcionamiento del ambiente y afecta las economías locales, dado que altera la capacidad natural del humedal para regular el nivel de las aguas y con ello sus aptitudes productivas”[38].
Vale la pena destacar que la búsqueda y extracción de petróleo en los Bajos Submeridionales no correría únicamente por cuenta de la provincia del Chaco. La empresa Raiser S.A. comenzó tareas de exploración en el norte santafesino en septiembre de 2008. Los acuerdos firmados por el gobernador Hermes Binner tuvieron tal grado de sigilo que la iniciativa trascendió recién dos meses antes de iniciarse la prospección. Esto motivó en su momento un pedido de informe de carácter urgente de la cámara de diputados provincial al poder ejecutivo provincial.
Sin consulta a pueblos originarios El virtual loteo de la provincia tampoco tuvo en cuenta la posesión y propiedad de los territorios de los pueblos Toba, Wichí y Mocoví. Sería demasiado extenso detallar todas las violaciones de normas constitucionales, tratados internacionales y leyes del Estado Nacional y provincial, en las que la iniciativa petrolera incurre. A modo de reseña, podemos señalar algunas de las más graves.
En primer lugar la Constitución Nacional -artículo 75 inciso 17- reconoce “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y el derecho a recibir otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, estableciendo que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. La Carta Magna también asegura el derecho de los pueblos indígenas a “la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”[39].
Por otro lado, el Convenio 169 de la OIT -que Argentina ratificó mediante la ley 24.071- reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa, libre e informada, participación, e inclusive, la obtención de beneficios que se deriven de la explotación de recursos naturales en los lugares que tradicionalmente habitan.
Finalmente, la ley provincial Nº 3258, establece en su artículo 12 que “las tierras adjudicadas en propiedad a las familias y comunidades indígenas no podrán ser usadas o explotadas directa o indirectamente por personas ajenas a la comunidad, físicas o jurídicas no indígenas”.
5. La nueva burguesía petrolera: el Grupo Eurnekian
Al calor de sucesivas administraciones provinciales –entre las que se destacan las de los radicales Ángel Rozas y Roy Abelardo Nikisch, y el justicialista Jorge Capitanich- proliferaron las tierras dedicadas al monocultivo y a la ganadería, a costa de las que debían ser asignadas a comunidades indígenas o criollos campesinos. De acuerdo a datos del Instituto de Colonización chaqueño, la provincia perdió el 80% de sus tierras fiscales entre 1994 y 2007[40].
“Por la burocracia y la corrupción que campean en los organismos del Estado, los desmontes terminaron por ser grandes emprendimientos que benefician a sectores concentrados del poder económico, con el último gran beneficio derivado del anonimato de las sociedades organizadas para devastar el ambiente y la biodiversidad del Chaco”[41]. Uno de los grandes favorecidos por esta situación ha sido el Grupo Eurnekian.
Corporación América y los recursos hídricos Unitec Energy S.A. forma parte de Corporación América, firma que nuclea empresas de diversos rubros y cuyo dueño mayoritario es Eduardo Eurnekian. Entre otras empresas se encuentran Unitec Bio –productora de biocombustibles y gran beneficiaria del corte del 5% de nafta y gasoil con etanol y biodiesel vigente desde el 1º de enero- y Unitec Agro. Esta última nació a mediados de la década de 1990 y actualmente posee alrededor de 100.000ha en las provincias de Chaco y Formosa, en las que cultiva soja, girasol, trigo y maíz[42].
No resulta llamativo que los acuerdos de enero de 2009 incluyeran la exploración de cauces de aguas subterráneas, con el propósito de “promover sistemas de manejo integral y sustentable de los recursos hídricos que permitan aumentar la productividad del sector agropecuario”[43]. El negocio no resulta ajeno al Grupo Eurnekian, que ya cuenta con un acueducto de 273km en la región.
6. “No a la entrega del petróleo”
El 26 de enero se conformó la Multisectorial, coordinadora de lucha que agrupa un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas que se oponen a la entrega del agua y el petróleo chaqueños. En el documento No a la entrega del petróleo se señala que en el marco de la privatización y la venta de YPF, llevada adelante por el gobierno de Carlos Menem en la década del 90’, el actual gobierno de Capitanich “envió a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley con un sólo punto: ratificar el contrato de concesión firmado por el Frente Chaco Merece Más con REPSOL [YPF] y UNITEC ENERGY para la exploración y explotación del petróleo en la provincia”.
“Nosotros denunciamos [como] fraudulenta la forma en que se avanzó con dichos contratos, porque nunca se debatió si queríamos una empresa Estatal o las Multinacionales, no consentimos el solapado mecanismo al que le llaman ‘concurso’ pero es una adjudicación directa y porque no se dio a conocer cuál es el contrato firmado, cuál es la resolución que establece la forma del ‘concurso’ y porqué se incluye a S.E.CH.E.E.P. como socia boba de las multinacionales”, continúa el escrito. “Pero fundamentalmente cuestionamos y nos oponemos profundamente a que las cuantiosas rentas del petrolea sean ‘entregadas’ a las grandes concentraciones económicas de adentro y de afuera”, concluye[44].
Danilo Ismael “Polo” Legal participó en los primeros actos de resistencia a la iniciativa gubernamental y es integrante de la Multisectorial. En diálogo con el OPS señaló que “el viernes 19, se fundó una nueva Multisectorial en defensa del petróleo con compañeros de Proyecto Sur, del movimiento [Unión Campesina] Poriajú y el PC [Partico Comunista] en la segunda ciudad del Chaco, Presidencia Roque Sáenz Peña, pero lamentablemente los diarios se negaron a publicar nada de ese importante evento”.
Consultado acerca de las consecuencias de la movilización, sostuvo: “los diputados radicales y de Libres del Sur nos recibieron y afirmaron que por ahora no van a aprobar la ley, [y] que propiciarán un gran debate público antes. [De hecho] Carlos Martínez de Libres del Sur[45] ratificó que no va a votar esta ley. Al otro día también tuvimos la grata sorpresa de que la diputada Inocencia Charole, que representa a los pueblos originarios a través del partido oficialista, expresó que no va a aprobar esta ley porque no es clara y atenta contra derechos aborígenes, [declarando además] que en otros temas como el desmonte […] el gobierno tampoco avanzó nada”.
Luego añadió que la ley Nº 943/09 “necesita de los dos tercios de los diputados para aprobar los contratos, y el gobierno por ahora está complicado. Acá es importante la decisión del radicalismo, que primero aprobó las dos primeras leyes [que sentaron las bases para esta política energética], pero ahora que se hizo público el tema está queriendo ‘preocuparse’ por los recursos naturales”.
Por otro lado, Legal denunció que “en el mes de enero el Gobernador dijo que el tema de los contratos petroleros lo iba a someter a debate en dos localidades lejanas de la capital, Charata y Las Breñas, porque dice que allí habría petróleo. De esta forma confirmamos que se está escondiendo información, y se está pagando a las petroleras por explorar donde ya se sabe que hay [hidrocarburos], o en el peor de los casos, premiando a Repsol-YPF, [a pesar de] no haber cumplido con sus obligaciones contractuales de exploración”.
7. De la “pampeanización” a la “patagonización”
En el informe que dedicamos a la posible explotación de hidrocarburos en Entre Ríos señalábamos que buena parte de los riesgos socio-ambientales no descansaban ya en la (probable) negligencia gubernamental y empresarial, sino en la contradicción capital-naturaleza. En aquella oportunidad decíamos que “la caída del 60% en las ganancias operativas de Repsol-YPF (que la llevó a una fuerte disputa interna entre accionistas por la reducción de dividendos) y la consabida avidez de utilidades que tal situación acarrea, los elevados costos de exploración y explotación que impone la región, y la imperiosa necesidad de recursos que experimenta la administración local, plantean severas dudas respecto de una explotación sustentable de los recursos hidrocarburíferos, si tal cosa existiese. Los cuidados y controles ambientales […] harían inviable el proyecto desde el punto de vista económico. Por otro lado, la externalización de estos costos pondría en grave peligro al medio y las producciones locales […] será imposible conjugar el interés económico empresarial con la sostenibilidad socio-ambiental”[46]. En este sentido, creemos que en el Chaco -como en todo el país- la pelea no debería reducirse únicamente a la apropiación de la renta petrolera, sino que sería sumamente saludable si avanzase sobre cuestionamientos de fondo respecto a su generación.
Así las cosas, basta con observar el saldo sumamente negativo, en términos sociales y ambientales, de las industrias extractivas que actualmente operan en el territorio provincial, producto de la aludida “pampeanización”. Con este antecedente, no es aventurado sostener que nada bueno puede esperarse de una virtual “patagonización”, es decir, de la importación lisa y llana del modelo de gestión y explotación de hidrocarburos que rige en las provincias patagónicas.
