“Acá mandamos nosotros, indios infectados”

Las comunidades qom y wichi sufren la persecución policial en la provincia de Chaco. A José Peñaloza le hicieron pasar dos noches seguidas desnudo y sin comer. A Daiana y Rebeca las abusaron y las amenazaron con quemarlas. A Christian y Alejandro los golpearon y torturaron durante ocho horas.

A Alejandro le sacaron toda la ropa, lo hicieron pasear desnudo y le hirieron el ojo. A Rebeca y a Daiana las abusaron, las manosearon, las rociaron con alcohol y amenazaron con prenderlas fuego. A Cristian lo golpearon en la cintura para que no pueda volver a subirse a la bici para ir a su trabajo como changarin en el Mercado. 

Las imágenes, difundidas por Revista Cítrica, de la brutalidad de los policías de la Comisaría Tercera de Fontana, provincia de Chaco, al ingresar al domicilio particular de una familia qom para detener y golpear a los pibes y detener y abusar de las pibas convirtieron a Chaco en tendencia en redes sociales, obligaron a los medios de (in)comunicación a mencionar a los pueblos originarios y generaron revuelo político: el presidente de la Nación Alberto Fernández las calificó como inaceptables. Sin embargo no pasó ni un mes y los policías fueron beneficiados con prisión domiciliaria.

Pasó lo mismo de siempre con los pueblos originarios. Ni lo que sucedió esa noche ni el beneficio con domiciliaria a los policías se entiende sin contar lo que pasó antes. No el supuesto ataque a la Comisaría que la policía y la prensa local utilizaron para justificar los abusos, sino lo que viene pasando con las comunidades originarias y las instituciones de poder en Chaco: el asesinato de Ismael Ramírez, el chico qom de doce años también acusado falsamente de un saqueo a un supermercado en Saénz Peña, los disparos por la espalda de los guardias privados del grupo Eurnekian y efectivos de la policía a Edgardo Peñaloza, también qom de 17 años en la estancia Dos Panos, o la detención arbitraria y posterior tortura que sufrió el wichi de 26 años José Peñaloza en la Comisaría de Fuerte Esperanza. O la historia de la familia de Alejandro. La historia de su familia. La historia de una familia toba-qom en Chaco.

“Los tobas siempre fuimos cazadores, recolectores, nómades, libres. Hasta a los 15 años iba a cosechar tabaco y algodón con mi mamá, también recolectábamos cítricos y ella sembraba mandioca, zanahoria y batata. No molestábamos a nadie”, recuerda Graciela Duarte, tía de Alejandro, unos tiempos un poco menos injustos. Tiempos que se acabaron cuando a su familia la estafaron y la despojaron de sus tierras: “Mis abuelos tenían mucho campo pero mi abuelo quedó muy joven viudo con 10 hijos y se tuvieron que venir a la ciudad. En un momento, mi abuelo vuelve al campo con uno de los hijos. Trabajan en 5 hectáreas y siempre le dice que toda esa tierra, que está alrededor, será para los nietos. Pero no lo fue; le hicieron el cuento, le hicieron firmar con el dedo la venta de las tierras, se las compró el patrón. No pudo hacer nada, tuvo que salir de la etnia y reemplazar su lengua, y sufrió mucha discriminación en la ciudad”.  

La madre de Graciela se apagó cuando su tercer hijo tenía un año: tuvo fiebre y lo llevo al hospital. El nene era rubio y de ojos azules. En el hospital alguien dijo que una aborigen no merecía tener a ese niño. Esa misma noche le dijeron que al día siguiente le daban el alta. Al día siguiente el niño ya no estaba allí. Le dijeron que murió pero nunca le entregaron el cuerpo. “Dicen que cuando a una madre toba se le muere un hijo se le seca el pecho; a mi mamá no le pasó. Murió buscándolo. Es así, sigue pasando hasta hoy, tenemos muchos hermanos desaparecidos”, explica Graciela, que hoy también vive en la ciudad y se levanta de lunes a sábado a las 6 de la mañana para ir a trabajar como empleada doméstica. Así es desde que tiene 10 años. 

José Peñaloza es parte de la guardia comunitaria Whasek de Sauzalito, creada por la comunidad wichi en articulación con la Municipalidad, reconocida por el gobierno provincial ante la falta de control y amparada por el Artículo 37 de la Constitución Provincial que consagra a los pueblos indígenas a “participar en la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales”. No es una guardia ilegal, ni terrorista como publicaron algunas empresas de (des)comunicación. Simplemente se organizaron ante el abandono del Estado para resguardar su territorio del narcotráfico y el despojo. El whasek es un escuerzo, un sapo grande del monte que “siempre está en su mismo lugar y ante cualquier ataque se aferra dentro de su territorio”. Y eso hace la comunidad ante la pandemia: se queda en su territorio. Y se protege del virus. Eso hizo José: “Una señora quiso pasar por la comunidad con una camioneta y con bultos. Sospechamos que tenía sustancias nocivas que no queremos que lleguen a nuestra comunidad. Ella estaba violando la cuarentena y le dijimos que no tenía que pasar. Entonces llamó al celular del Comisario Rivero que vino bien rápido: ‘Rivero, vos sabés que no puede pasar, está violando la cuarentena, no tiene permiso de circulación’, le dije”.

-Que me importa, si ustedes no son nadie. Yo soy el jefe de Sauzalito, estoy al mando- dijo el Comisario Rivero. 

¿Cómo terminó la historia? La señora pasó, el comisario Rivero denunció a José por decirle a la señora que no podía ingresar a la comunidad y José pasó detenido varios días en la Comisaría de Fuerte Esperanza. “Me maltrataron, no me pegaron porque saben que se nota el golpe, pero me castigaron con frío y hambre. No me dieron de comer durante dos días y al tercero apenas me dieron dos o tres cucharadas. También me hicieron pasar dos noches desnudo, recién a la tercera me dieron ropa. ¿Cómo puede ser que me traten así, como si hubiese matado a alguien?”.

“Además se burlaron de mi gente, de la comunidad y de la Guardia Comunitaria. Un policía nos acusó de corruptos y terroristas”, agrega José y también cuenta, con orgullo cómo le respondió respetuosamente: ‘Señor, usted está equivocado, nosotros cuidamos a nuestra comunidad para nuestro futuro, yo los respeto a ustedes pero en Sauzalito entran cosas ilegales, camionetas, muchas cosas y mucha gente desconocidas, narcotraficantes’. Ahí se enojó, se calentó, capaz que le di en el punto y me maltrataron. Lo que pasa es que nosotros cuidamos a nuestra comunidad a nuestro pueblo, a nuestros chicos, a nuestro futuro”.

A José finalmente lo liberó el fiscal pero la policía no quedó conforme y lo amenazó: “Ahora te largamos, pero no nos queremos enterar que estés en un corte de ruta, no vayas a salir, no te juntes con tus amigos, no tenés que salir a la calle y tenés que abandonar la guardia comunitaria”. José contestó que no la iba a abandonar, mucho menos ahora que descubrieron a “los criollos que están envenenando a nuestra gente con droga y alcohol”. Que no puede abandonarla, que quiere el bien para su comunidad. 

El dolor más grande de José no fue el frío ni el hambre. “Para mí es un dolor que digan que no somos nada, que los caciques no son nada. Nunca había escuchado a una policía decir que vos no existís". 

-¿Quién manda en el barrio? Hay que matar a estos indios infectados de mierda, tienen que saber quién manda.

Eso le preguntaban en el patrullero a Alejandro los policías de la Comisaría Tercera de Fontana mientras lo tenían acostado boca abajo y lo pisaban y le pegaban. Lo pisoteaban como a su bisabuelo cuando le robaron las tierras donde cosechaba los alimentos, lo pisoteaban como a su abuela cuando le robaron a su hijo, lo pisotearon como al hermano wichi de Sauzalito. “Ya pasaron más de quince días y Alejandro sigue con el ojo morado. Cuesta volver a la normalidad. Le cuesta mucho mirarse al espejo y ver lo que le hicieron. Es muy injusto verte así”, cuenta Johana, la mamá de Alejandro y también tía de Daiana y Christian. Ella relata los hechos para no exponer a su hijo. Los chicos por ahora solo hablan ante la Justicia. Allí declararon como los sacaron de la casa, como los policías pisaron a Alejandro y Daiana, como a Cristian lo detuvieron cuando fue a buscar la bicicleta a la casa de su padre para ir a trabajar al Mercado. Contaron también como fue el viaje de los chicos a la comisaría: les sacaron la ropa, los dejaron tirados boca abajo en shorcito y los pasearon por el barrio. Los policías saltaban encima de ellos y los insultaban por ser aborígenes. 

“Después en la Comisaría estuvieron hasta las 11 de la mañana. Y no dejaron de pegarles ni un minuto. Los metieron en una piecita al Ale y al Christian y no pararon, solo paraban un poco cuando los presos les decían a los policías que se calmaran”, cuenta Johana. 

Eso Johana no lo supo hasta el día siguiente. Durante esa noche también fue maltratada por la policía. “Yo pensé que a Alejandro lo habían agarrado viniendo para mi casa por la cuarentena. Había ido a comer a la casa de mi hermana. Así que fui a preguntar en la Comisaria y me dijeron que lo detuvieron porque él y 30 personas más tiraron botellas y cascotes y que lo levantaron en la esquina de la Comisaría. 

Entonces me fui a  la casa de mi hermana. Y ahí me enteré de lo que había pasado. ‘Vinieron, patearon la puerta y se llevaron a tu hijo’, me dijeron y me mostraron el video. Así que volví con el video a la Comisaría y pregunte por qué me mintieron, y solo me dijeron que mi hijo rompió un vidrio. No hay ni había ningún vidrio roto. Pedí que me expliquen por qué lo detuvieron sin explicación y por qué entraron a la casa de mi hermana sin orden allanamiento. Todavía me deben la respuesta”.

A la primera que largaron fue a Daiana. Pero no podía contar lo que le había pasado. Solo lloraba. La habían abusado, rociado con alcohol y amenazado con prenderla fuego y matarla. “Tenía miedo, los policías le habían dicho que si contaba que los varones estaban golpeados la iban a matar. Le dijeron que ni se le ocurriera abrir la boca. Cuando salió apenas pudo contarnos que los chicos estaban muy golpeados y tirados en el patio boca abajo y sin ropa, porque la ropa la tenían llena de sangre. Solo Rebeca tenía abrigo”, relata Johana lo que Daiana pudo contar esa mañana de domingo a su familia. Con los policías sueltos, con los policías todavía trabajando, queriendo marcar que ellos eran quienes mandaban.

Por eso ese mismo domingo los policías fueron al barrio de Cacique Pelayo a tirar balas al aire y sacarse las ganas de mostrar quién manda: “Métanse en la casa que sino los vamos a quemar”, decían y apuntaban con sus armas a tobas. “Es algo común el maltrato en Cacique Pelayo. Incluso hubo criollos que se tuvieron que ir por la violencia que generaba la policía”, agrega Johana.

Y siguieron demostrando quién mandaba hasta que los separaron de la fuerza. El lunes a la mañana fueron a la casa en donde habían golpeado a Daiana, Alejandro y Rebeca. Fueron a “aclarar que no habían violado a las chicas”, que no dijeran eso porque no hubo penetración, porque esos dicen que no hubo abuso y ellos mandan. Daiana quedó en shock después de la visita. Quienes la habían abusado fueron a su casa a exigirle que se calle. “Acá nos dijeron que hubo un abuso sexual, por eso vinimos", le dijeron los policías a Johana. Querían montar un show para desreponsabilizarse, para que Daiana se retractara de decir que la habían abusado. “Daiana tiene 16 años, creía que había abuso solo si la penetraban. Tuvimos que explicarle que si la manosean, que si le tocan las partes íntimas es un abuso, que su cuerpo es privado”.

Johana y Rebeca fueron a declarar recién dos semanas después de los hechos. No conseguían recuperarse de los hechos. “Rebeca casi no tiene familia, es vecina de los chicos y comparten el tiempo juntos desde hace mucho tiempo. Rebeca no quería declarar, estaba asustada, nadie le aconsejaba, vino una manga de buitres de banderas políticas a llenarle la cabeza, le aconsejaban que dijera cosas que no habían sucedido, la cantidad de banderas políticas que querían hacer desastres… esos hacen su redito y después te dejan solas”, denuncia Graciela.

Los que no se quedaron solos fueron los policías. A pesar de las clarísimas imágenes hubo quienes justificaron el accionar policial diciendo o preguntando que había hecho la comunidad qom. El tan eterno como retrogrado “Algo habrán hecho”, en este caso fogoneado por el medio de (in)comunicación local Alerta Urbana. “Siempre sacan las versiones de la policía”, dicen en el barrio toba. “La intervención de los policías se dio por un hecho gravísimo”, titularon una entrevista al abogado de los policías. “Respecto al supuesto abuso sexual, el abogado indicó que esto no se constató, ‘es solo una versión que se dio pero de ninguna manera ocurrieron estos hechos. Muchas veces las personas que tiene conflicto con la ley, se autolesionan y acusan a la policía. Estos efectivos policiales involucrados tienen conductas intachables, y pretenden hacerlos responsables de todo’”. No hubo repreguntas ni acusaciones, como sí las hubo cuando el lunes 1 de julio un móvil fue a la casa de Elsa y preguntó: “¿Algún miembro de la familia tuvo problemas con la Justicia?” “¿Nunca fueron denunciados por drogas?” “¿Por qué no le abrieron la puerta a la policía si no estaban haciendo nada malo?”  “Lo que se dice es que los integrantes de su familia, su hijo y su hija anteriormente atacaron la Comisaría”. Pero el momento más cínico fue el cierre del móvil: “Recién vino un móvil policial pero la señora de Derechos Humanos aquí presente le dijo a las jóvenes que no le hablen. No se enojen con Alerta Urbana por venir a mostrar esto. Nos han pedido las cámaras para que estas personas expresen  su opinión. Cada una de las personas que están aquí se hacen cargo de lo que dice”. ¿Cómo titula el domingo 31 de mayo Alerta Urbana la noticia sobre las torturas y los abusos de los policías a Daiana, Rebeca, Alejandro y Christian? “Fontana más violenta que nunca”. ¿La foto? La pierna vendada de un oficial de policía. ¿El video? No forma parte de la crónica.

Unos días después, el 3 de junio, Alerta Urbana titula: “Le dieron el alta al policía que resultó herido en Fontana”. El artículo sostiene que “El efectivo policial de apellido Flores fue uno de los que recibió un ladrillazo por parte de un grupo de personas que atacaron el edificio policial”. También consignaron que el Oficial de Policía Fernández según el parte médico tuvo un “TRAUMATISMO CON ESCORIACIONES EN PIERNA DERECHA”. Sin embargo todos los policías ingresaron a la casa de Elsa Fernández sin lesiones previas: “El Cabo Flores dijo que le cortaron los pies pero se cayó solo, se lesionó pateando la puerta. El video es muy claro: se ve el momento de la lesión”, asegura Graciela. “Se lesionaron de tanto golpearlos y pisarlos”, agrega Johana

Pisarlos. Pisotear, pegar, torturar, ningunear, mandar. Como si no tuviesen que existir. “Te echan de los campos, te venden las tierras, y después les molesta que estés en la ciudad vivas como vivías en el campo. Alguna gente criolla quiere que vivamos en la basura”, resume Graciela tanto tiempo de negación y genocidio a la cultura de los pueblos originarios.

Sin tierras, viviendo en donde los obligan, los pueblos originarios resisten. Ahora la preocupación de Johana, Graciela y Elsa (mamá de Christian y Daiana) es que los chicos puedan seguir estudiando. O trabajando. Rebeca tiene 18, Daiana 16. Christian trabaja en el Mercado pero desde las torturas que no puede ir. Le pegaron en la espalda lo suficiente como para que no se pueda subir a la bici por varias semanas. 

Alejandro es deportista: antes de la pandemia entrenaba kick-boxing, boxeo y vóley en el Centro Comunitario de la Muni de Fontana. Ya terminó el secundario y este año se anotó para estudiar psicología. Pero el aislamiento se lo impidió. “Ahora es todo por internet y yo para irme a trabajar me tengo que llevar el celular, tenemos uno solo”, explica Johana.

Unas semanas después de los hechos y de la realización de esta nota Johana y Elsa nos vuelven a hablar. No pueden creer lo que está pasando. Elsa cuenta que el covid 19 se expande por el barrio, faltan los testeos: las personas deben ir por sus propios medios a testearse, no son llevadas en ambulancia ni aisladas. Una de las hijas de Elsa ya se contagió. Pero hay algo más: liberaron a los policías: el oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. Los fiscales en Derechos humanos (Lilian Irala y Sergio Cáceres Olivera) la decretaron basados en los fundamentos impuestos por la defensa técnica. ¿Qué fundamentos? Que algunos de ellos son considerados como grupo de riesgo ante el coronavirus. Dos tienen asma, el cabo Flores la pierna lastimada por su accionar en la represión y el otro nada. "Un tiempo mas y queda todo en la nada. Queremos que todas las promesas de que esto no se dejaría pasar no hayan sido solo circo", pide Johana.

Fuente: Revista Citrica