En una entrevista realizada a Elizabet González, Coordinadora de
pueblos Indígenas del Poder Judicial del Chaco, compartió su
experiencia a lo largo de los últimos meses en la gestión de Acceso a la
Justicia. Las tareas del área abarcan desde la participación de peritos
intérpretes en causas judiciales hasta asesoría en diversos conflictos y
en la realización de trámites impedidos por la falta de acceso a nuevas
tecnologías; así como su activa presencia en actividades de
capacitación judicial. Logrando así la concreción de intervención real
de pueblos indígenas.
El Poder Judicial del Chaco cuenta
actualmente con un equipo de intérpretes judiciales (110 inscriptos en
toda la provincia) permanentes que han sido reconocidos en distintos
ámbitos como una buena práctica para el acceso a la justicia de pueblos
indígenas, promoviendo el diálogo intercultural para la realización de
derechos.
Además, las actividades de interpretación son
coordinadas por el personal perteneciente al Poder Judicial (16 en
total) quienes participan en los fueros de paz y faltas, civiles, de
niñez, adolescencia y familia, y penal especialmente. A lo largo de la
provincia la tarea incluye también el diálogo para acercar a personas
indígenas a funcionarios y funcionarias, y magistrados y magistradas, lo
que sirve muchas veces como puente para el diálogo constructivo, y
poder abordar las dificultades de comunicación o de entendimiento entre
las distintas dependencias.
En este sentido, es una tarea
importante la que se realiza también de asistencia a la Defensoría
General y a la Procuración General, acompañando de modo permanente.
Además
proveen información adecuada a los tres pueblos indígenas de la
provincia, contando con personal contratado, Moqoit, Wichí y Qom, con
una fuerte presencia en los municipios que tienen mayor población de las
naciones indígenas.
En estos tiempos de aislamiento social las
demandas atendidas por la Coordinación alcanzan también la asistencia
remota y asesoría, a cargo de Daniel Escalante, a personas que
necesitan del acompañamiento como denunciantes o demandados y
demandadas. También tomaron contacto con casos de homicidios, violencia
en contexto de género, violencia institucional y abuso sexual, en
distintas localidades como Misión Nueva Pompeya, Juan José Castelli,
Villa Río Bermejito, Pampa del Indio, entre otros.
En lo referido a
fuero de niñez, adolescencia y familia, asisten especialmente a niños y
niñas, hombres y mujeres indígenas facilitando el acceso a denuncias en
la Mesa de Atención a la Víctima y Asesoramiento al Ciudadano, así como
en las etapas de investigación de delitos muy graves como abusos
sexuales participando en testimoniales o en Cámara Gesell.
Muchas
veces el trabajo en terreno fue más allá por ello facilitaron
certificación de documentos a presentar en distintos estamentos, como
ser el acceso a beneficios sociales que brinda el ANSES o bien
intervinieron para la solicitud del permiso de circulación o trámites y
otras diligencias en comisarías oficiando de traductor e intérprete.
“Si
bien a veces estas demandas no se encuentran dentro de las esferas o
sedes judiciales, desde la coordinación se realizaron trámites o
solicitudes teniendo en cuenta con las dificultades que cuentan nuestros
hermanos y hermanas, dando cumplimiento desde otras perspectivas el
acceso a la justicia”, concluyó González.
Demandas en tiempos de COVID-19
Elizabeth
Gonzalez relató distintas intervenciones y articulaciones con
estamentos del Estado y la sociedad en general para ayudar a sectores
afectados por la pandemia. “Estas demandas son muy importantes para
integrantes de los Pueblos Indígenas teniendo en cuenta la situación de
vulnerabilidad económica en la que se encuentran inmersos junto a otros
integrantes de la sociedad no indígena que no cuentan con ingresos
mensuales”, señaló.
Así, coordinaron entrega de donaciones
recibidas de la Asociación de Magistrados y funcionarios Judiciales del
Chaco para el Barrio Toba; de la Fundación para el Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM) por intermedio de CONAMI-CONAMICH; y de
Martha Altabe, junto a otros donantes anónimos.
Y la articulación
con hospitales para la traducción de personas que pertenecen a pueblos
indígenas en especial de la Nacion Wichi, acompañado por un traductor o
traductora itinerante.
“Otro impedimento que se suscitó fue el
acceso vía web, trámites que muchas veces nuestros Pueblos están
limitados al acceso por falta señal de internet o el desconocimiento de
como operar en una computadora”, señaló la coordinadora. Por ello
gestionaron 31 Inscripciones al IFE, además del asesoramiento a
dirigentes que, desde el territorio y conociendo las dificultades, se
comunicaban para tomar conocimiento de cómo realizar las cargas desde
diferentes localidades del interior.
Asimismo, la coordinación
participa activamente de las actividades de capacitación judicial para
la incorporación de la perspectiva de respeto intercultural en el Poder
Judicial, por ello, asistieron a diversas jornadas, cursos, congresos y
espacios de formación para la promoción del acceso a la justicia.
Así,
forman parte activamente en la reflexión de procesos de políticas
públicas para la implementación de nuevas legislaciones orientadas a
pueblos indígenas como por ejemplo, la ley de juicios por jurados.
Finalmente,
González expresó su satisfacción “de poder dar un cumplimiento a tantas
normativas vigentes y que seamos pioneros para la concreción de
participación real de los pueblos indígenas dentro de nuestro poder
Judicial del Chaco”.
Fuente: Prensa.justiciachaco
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